Leyes y personas

De las muchas aberraciones jurídicas y políticas que contiene la ley de amnistía, que ya está en vigor, quizás la más sangrante sea que es una norma hecha con el único fin de beneficiar a personas muy concretas. Se rehízo una y mil veces para blindar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira y unos cuantos más. Lo mismo cabe decir de la reforma legal que en enero de 2023 eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación para dar cobertura a los indultos que había pactado Pedro Sánchez para lograr su primera investidura. Son actuaciones que obvian las exigencias del ordenamiento político y que se inscriben en estrategias partidistas para lograr, en el corto plazo, fines muy concretos. No es similar pero sí comparable lo que acaba de ocurrir en el Parlamento andaluz, donde el PP ha modificado una ley que ya tenía pactada con el PSOE para bloquear su posible aplicación a dos personas con nombre y apellidos. El partido de Juanma Moreno ha enmendado la Ley del Consejo Consultivo para que Manuel Chaves y José Antonio Griñán no puedan acceder a ese organismo en el caso de que sean exonerados de sus condenas en el caso de los ERE por el Tribunal Constitucional y se vean reintegrados en la totalidad de sus derechos políticos y civiles. No se trata aquí de establecer, desde un punto de vista político, la pertinencia o no de que Chaves y Griñán puedan ser durante cinco años miembros del Consultivo en su calidad de ex presidentes de la Junta. Ese es otro debate. Lo significativo es que una norma legal se altera pensando exclusivamente en personas concretas y los intereses en torno a esas personas de una formación política. No es la mejor forma de legislar. Ni en la amnistía ni en el Consejo Consultivo de Andalucía.