Editorial
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El Ministerio de Sanidad publicó la pasada semana las cifras de los pacientes inscritos que aguardan una intervención quirúrgica y aquellos que precisan acudir al especialista: las listas de espera. El Gobierno andaluz, que no suele prodigarse en rendir cuentas en esta materia, se vio obligado más tarde a ofrecer algunos datos por provincias. Pero las pruebas diagnósticas ni siquiera figuran en este balance anual. De junio de 2022 a 2023, hay en Andalucía un 35% más de enfermos pendientes de pasar por el quirófano. Los usuarios fuera de los plazos comprometidos por el SAS para operarse se han multiplicado por tres. Por provincias, Sevilla y Málaga, como era de esperar por su volumen de población, se hallan a la cabeza de este registro. Sin embargo, si el parámetro analizado corresponde al de pacientes por cada mil habitantes, el liderazgo negativo es para Jaén, con una proporción de 28,4, seguida de Huelva, con 27, 2, y Cádiz, con 25,4. A pesar de que las cifras han mejorado este año en el caso de las consultas externas, este junio había 841.000 andaluces que aguardaban cita con el especialista. Una tasa de 101 pacientes por cada mil habitantes, la segunda más alta de España y muy por encima de Cataluña y Madrid, las otras comunidades con una densidad cercana. La Junta se ha defendido de las críticas sindicales y de la oposición a estos malos resultados con dos argumentos distintos, más allá de la herencia recibida. El primero, por el esfuerzo inversor que afronta para construir nuevas infraestructuras sanitarias. El segundo, más discutible, incide en que el aumento de derivaciones desde Atención Primaria a las consultas específicas facilita el incremento de los diagnósticos definitivos y, como consecuencia, suben las listas de espera de cirugía. Así lo defienden desde Salud. Pero si esa ecuación fuera cierta el objetivo sería revertir el balance. La solución no puede consistir en coleccionar justificaciones para las listas que deben actualizarse en junio de 2024.
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