Editorial
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La mera convocatoria de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas para el próximo viernes en Santander constituye una noticia que hay que celebrar. El hecho de que desde 2022 no se celebre una cumbre de estas características es un claro síntoma del desdén con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado a las regiones y de la forma en que ha soslayado sus principales problemas, fundamentalmente el de la financiación. Los presidentes van a tener ocasión de expresar sus puntos de vista en un contexto político marcado por las cesiones del Ejecutivo a sus socios nacionalistas, en especial, por el compromiso alcanzado con Esquerra Republicana para dotar a Cataluña de un régimen financiero singular que supone un privilegio que discrimina al resto de las regiones. Pero no va a poder ir mucho más allá. El propio formato de la Conferencia de Presidentes la convierte en una especie de sucesión de monólogos y las medidas concretas quedan para el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aun así, constituye una oportunidad que no puede ser desperdiciada. En el caso de Andalucía, para volver a remarcar el rechazo de la comunidad a una nueva discriminación, cuando sus indicadores económicos y sociales siguen a la cola del conjunto nacional y cuando sufre desde hace años una infrafinanciación que lastra sus posibilidades de desarrollo. Es tiempo de recuperar el viejo lema, esgrimido ya en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 conmemoradas el pasado miércoles, de que Andalucía no aspira a ser más que nadie pero que tampoco está dispuesta a permitir que nadie le pase por encima. Más allá de las coyunturas políticas, es una cuestión de justicia histórica.
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