Proteger a los gobernados y no a los gobernantes

El llamado Plan de Acción por la Democracia, presentado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros del martes, no deja de ser un catálogo, carente de articulación, de reformas y medidas legislativas que, de concretarse, afectarían de forma sustancial a las empresas de medios de comunicación y a la forma en la que desarrollan su actividad en una sociedad democrática. Más allá de que el Ejecutivo va a tener muy difícil con su precaria estabilidad parlamentaria llevar a cabo los propósitos que contempla, el conjunto de medidas rezuma un intervencionismo que ha provocado alarma en el mundo de la política y en el de la comunicación. Aunque quede lejos en el tiempo, conviene recordar que el origen de esta iniciativa está en el enfado de Pedro Sánchez y su espantada de cinco días cuando se empezaron a publicar informaciones sobre las actividades profesionales de su esposa. Este pecado original impregna un plan en el que se pueden ver tics autoritarios como la creación de un registro propio de tiempos franquistas en el que se exigiría a las empresas periodísticas requisitos que no existen para el resto de las sociedades mercantiles, el intento de condicionar la publicidad institucional o el de limitar el papel de los editores dentro de sus propias empresas. En definitiva, una maniobra que es una agresión contra la libertad de expresión para la que el Gobierno utiliza como excusa la existencia de un reglamento aprobado por el Parlamento Europeo el pasado mes de mayo. Pedro Sánchez no tenía otra obligación al respecto que aplicarlo directamente, tal y como había salido de Estrasburgo. Al tratarse de un reglamento y no de una directiva no necesitaba de transposición. Estamos ante un intento del Gobierno de intervenir en un sector que es consustancial a la democracia. Como sentenció hace años el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la libertad de prensa está para proteger a los gobernados y no a los gobernantes.