La puntilla para el sector pesquero

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo público el viernes un fallo que supone tumbar los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la propia UE y el Reino de Marruecos. La resolución se convierte en la puntilla para el maltrecho sector pesquero andaluz que, históricamente, ha acudido a faenar a aguas marroquíes y saharianas, especialmente en puertos de la provincia de Cádiz. La decisión judicial veta estos acuerdos comerciales porque considera que no son válidos sin el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental, otrora colonia española y hoy territorio ocupado por el reino alauí. Esta sentencia pone fin al recurso de las instituciones europeas –tanto el Consejo como la Comisión– y ratifica el criterio del Tribunal General de la UE (TGUE), expresado en una sentencia de 2021, y que daba la razón al Frente Polisario respecto a que tenía voz en este asunto. El fallo afecta en su trasfondo al inexplicado giro de Pedro Sánchez respecto al Sahara, que abandonó la histórica defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui al reconocerlo como región autónoma de Marruecos, dado que los tribunales dan validez a los derechos de los saharauis que el actual Gobierno ignoró. Las consecuencias tangibles son tanto para el sector agrícola, aunque en menor medida porque hay una moratoria de un año para su aplicación –algo que disgusta a las organizaciones agrarias–, como, sobre todo, para el pesquero, que llevaba un año esperando a esta decisión judicial sin poder faenar. Y parece muy complicado que, a corto plazo pueda volver a hacerlo. Marruecos no se da por aludido y pidió el mismo viernes a la UE que cumpla lo que tiene pactado. El Consejo Europeo y la Comisión no pueden, sin embargo, obviar este fallo judicial y para poder negociar nuevos acuerdos comerciales pesqueros y agrícolas debería contar con el consentimiento saharaui. El veredicto deja pues una complejísima situación y de muy difícil solución.