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Desde el año 2017, Andalucía ha escalado muchos puestos en la calificación que mide la competitividad fiscal de las comunidades autónomas de España, desde un lejano decimosexto al cuarto. Desde el primer Gobierno de Juanma Moreno, la Junta ha ido bajando los impuestos sobre los que tiene capacidad legal de gestión e, incluso, algunos han sido eliminados mediante bonificaciones generales. Sin embargo, conviene matizar las lecturas alegres que se realizan desde el Gobierno andaluz. Unos impuestos bajos ayudan a que Andalucía, que es una de las comunidades más pobres de España, mejora su competencia respecto al resto, pero el gran aumento de los ingresos que se vienen registrando desde hace años no se debe a ello, sino a la buena marcha del ciclo económico en general. Desde el año 2018, el dinero que la Junta recibe del sistema de financiación autonómica se ha elevado un 45,2%, hay 8.750 millones de euros, pero eso no se debe a la rebaja fiscal, sino a un aumento general de la recaudación en todo el país, incluida las comunidades donde no han bajado los impuestos. De hecho, y como es lógico, la recaudación por los impuestos que la Junta ha tocado más, como el de Sucesiones y el de Actos Jurídicos, aún caerá un 24,3% a lo largo de 2024. Para tener una idea general de lo que viene ocurriendo en España este 2023 valen los datos de recaudación hasta octubre, se ha incrementado un 5,8%, con subidas tan destacadas como el del IRPF, del 9,6%. En Andalucía la recaudación por este impuesto es dos puntos menos que la media española. Sin duda, la mejoría fiscal de nuestra comunidad ayuda a mejorar su competitividad general, y es una de las pocas herramientas que tiene el Gobierno andaluz, pero aún nos encontramos muy lejos de colocarnos en el tramo medio de las economías más atractivas, que sigue liderada por Madrid, el País Vasco y Navarra, tras el deterioro de Cataluña.
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