La subasta electoral de la vivienda

Apoco más de un mes de las elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno acaba de descubrir que el país sufre un agudo problema de vivienda. La subida de los tipos de interés ha encarecido la mayoría de las hipotecas mientras la inflación menguaba el poder adquisitivo de las familias. En las principales ciudades del país, el auge de los pisos turísticos ha reducido la oferta disponible para el alquiler y disparado las rentas de los arrendamientos. Para los jóvenes, acceder al mercado en cualquiera de sus variantes se presenta como un sueño inalcanzable y el propósito de independizarse, una quimera. La realidad de las cifras evidencia que la situación no ha preocupado en décadas. Sólo el 2,5% del parque inmobiliario de España se destina a vivienda social. En la Unión Europea, la media supera el 9%. Con estos antecedentes, asistimos en la última semana a una lluvia de promesas sin el más mínimo pudor. El Ejecutivo central pactaba con los independentistas de ERC y Bildu un proyecto de ley para topar el precio de los alquileres. Una regulación muy contestada por el sector que advierte de que provocará el efecto contrario. El propio Sánchez lideraba en persona otros dos planes para anotarlos, en exclusiva, en el haber del PSOE. La movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado banco malo, que finalmente se queda en agua de borrajas, si se descuentan las okupadas y las pendientes. Y a las capitales de provincia sólo les correspondería un 15% del total. Tras el fiasco, nueva chistera con 4.000 millones de fondos europeos para promover otros 43.000 pisos nuevos con alquileres asequibles. Núñez Feijóo tampoco se ha querido quedar atrás. Cheque de 1.000 euros a jóvenes y cesión de suelos a promotores privados para que construyan inmuebles y los arrienden con una rebaja del 40% sobre del precio real. Una subasta con titulares de trazo grueso que esconde la letra pequeña del puro mercadeo electoral.