El único camino es aplicar el artículo 155

Aestas alturas, ya casi nadie duda de que la única salida posible para la crisis catalana es aplicar el famoso artículo 155 de la TC, aquel que habilita al Ejecutivo, tras la aprobación por mayoría absoluta del Senado, a intervenir el gobierno de una autonomía que "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España". Nada indica que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vaya a rectificar antes del próximo jueves a las 10:00, hora en la que acaba el plazo para responder al segundo requerimiento del Gobierno. Ayer, como era previsible, volvió a dar una respuesta confusa y ambigua, pese a que solamente se le pedía un sencillo sí o no a la pregunta de si había declarado la independencia de Cataluña. Puigdemont regresó a su táctica de pedir vagamente un diálogo de tú a tú con el Estado, aplicando la política consumada de que Cataluña es ya una nación independiente, pero sin decirlo explícitamente. Cada día es más patente que Puigdemont quiere ganar tiempo para que el Ejecutivo o el Poder Judicial hagan algún movimiento que posibilite el regreso de las movilizaciones populares. Busca, como constaba en los documentos incautados a algunos responsables del procés, provocar una situación insostenible de orden público que obligue a la comunidad internacional a mediar. La cuestión es sencilla: a los independentistas les interesa internacionalizar el problema y, al Gobierno, justo lo contrario.

La intervención de la autonomía catalana puede ser uno de esos detonantes de las movilizaciones populares. O no. Pero lo cierto es que el Estado español no puede permitir que un presidente en franca rebeldía siga usando las instituciones catalanas para seguir avanzando en la secesión. Ya se les ha dejado ir demasiado lejos. El problema del 155 es que es un artículo sobre el que sabemos muy poco. Su enunciado es muy escueto y abierto, y los profesores constitucionalistas no le habían dedicado especial atención hasta el momento, por lo que hay pocos estudios sobre el mismo. Se puede decir que esta crisis servirá para explorar las posibilidades y limitaciones de dicho artículo. Otra cosa es el segundo paso que algunos, como Albert Rivera, proponen: la convocatoria de elecciones autonómicas. Más allá de su oportunidad política o no, hay voces que aseguran que un Gobierno de excepción, como sería el impuesto por el 155, no podría convocar elecciones. Otras dicen que, previamente, sería necesario un informe favorable del Consejo de Estado que blindase la acción gubernamental. En definitiva, estamos ante un terreno ignoto y peligroso, como todo lo derivado del procés.