Editorial
Tragedia y devastación
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Sería absurdo no reconocer que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de hacer girar 180 grados la política que había mantenido España con respecto a su antigua colonia del Sahara supuso una mejora importante de las relaciones con Marruecos, que atravesaban entonces una de sus frecuentes y profundas crisis. Pero también sería alejarse de la realidad pensar que la luna de miel que inició el ministro José Manuel Albares, que tantos problemas nos ha creado con Argelia, se iba a prolongar por tiempo indefinido. España está condenada a tener un vecino incómodo en el sur por razones geográficas, históricas y geopolíticas. Además, hay que contar con el factor de las estrategias de política interior y exterior que en cada momento considera aplicar la camarilla que rodea a Mohamed VI. La carta dirigida por el Gobierno de Rabat a un organismo de Naciones Unidas en la que niega la existencia de fronteras terrestres entre Marruecos y España y en la que considera Melilla como un "presidido ocupado" responde plenamente a lo que nos tiene acostumbrados la monarquía alauí. En este caso hay un componente añadido: la carta se refiere a los graves incidentes que ocurrieron en la frontera de Melilla en junio en los que la Policía marroquí se empleó con gran violencia contra migrantes subsaharianos en la valla fronteriza. La presión sobre Ceuta y Melilla ha sido una constante de las complicadas relaciones entre los dos países durante décadas. Rabat utiliza esta presión para calmar tensiones internas y manipular a su opinión pública. Todo apunta a que lo seguirá haciendo. El Gobierno español puede hacer más que reivindicar la plena españolidad de las dos ciudades cada vez que se plantea la cuestión. Debe poner en marcha acciones que redunden en su desarrollo económico de forma que estén plenamente integradas en el tejido productivo y social nacional. Que Ceuta y Melilla estén a la cola en indicadores de bienestar y riqueza da argumentos a Marruecos.
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