FP: reto de colaboración público-privada

La mejora de la FP es uno de los retos estratégicos que tenemos como país. Para impulsarla, en marzo fue aprobada una nueva ley que, entre otros cambios, integra en uno solo los dos subsistemas que hasta ahora coexistían, otorga mayor importancia a la orientación profesional, potencia la acreditación de competencias por experiencia laboral y, sobre todo, amplía la formación dual e involucra más a las empresas.

Pero este estrechamiento de las relaciones entre el mundo empresarial y académico no será la única clave para el éxito de esta reforma. También lo serán la cooperación y el diálogo continuo entre la administración y los propios centros educativos. Y, entre ellos, los centros privados, concertados y no concertados, que en los últimos años han incrementado su oferta, así como su peso en el porcentaje de alumnos totales en estos ciclos formativos. Sin ellos no se llegará al objetivo de aumentar rápidamente el número de jóvenes que eligen esta vía de formación, que en España está en el 12%, muy lejos del 25% europeo y del 29% de la OCDE.

Lograr progresivamente esta igualación es decisivo porque se relaciona directamente con unas tasas de desempleo juvenil que en España duplican la media europea. Según los datos del Gobierno, en 2021 los jóvenes con una cualificación media se situaban en nuestro país en el 25%, y los de nivel bajo llegaban al 35%. Con la reordenación planteada, se pretende invertir estas cifras, subiendo hasta el 50% el porcentaje con nivel medio en 2025 y bajando al 16% el número de jóvenes en el nivel inferior. En este sentido, es muy buena noticia el que la consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, indicara ante la Mesa de la Concertada que la Formación Profesional es una de sus líneas de actuación preferente para esta legislatura.

En este reto, y el subsiguiente de mejorar la empleabilidad juvenil, será crucial acertar en la aplicación territorial de estas novedades, desde un conocimiento preciso del mercado laboral en cada zona, que sólo pueden proporcionarlo tanto las propias empresas como los centros educativos públicos, concertados y privados implantados. A ese perfil responde sin duda la institución que dirijo, Fundación SAFA, con más de 75 años de experiencia, 28 centros en Andalucía y probablemente la oferta educativa concertada más extensa de toda la Comunidad: más de cien ciclos repartidos por las ocho provincias andaluzas, tanto en entornos urbanos como rurales, donde son más acuciantes los problemas relacionados con el empleo juvenil.

Conscientes de los retos que se han planteado de forma sistemática en la nueva ordenación de la FP, desde Fundación SAFA hemos realizado en los últimos años un doble esfuerzo que, entiendo, va en la línea de la reorientación que debe acometer el sistema en su conjunto. Por un lado, acercar la formación al mundo empresarial, fruto de lo cual casi la mitad de nuestra oferta formativa ya es dual. Por otro, diversificar nuestra oferta, impulsando las modalidades no presenciales e incorporando la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y las materias relacionadas con la transformación digital y la economía verde que van a acaparar las mayores oportunidades profesionales. Todo esto, sin desatender las necesidades formativas de sectores tradicionales, particularmente aquellos en los que Andalucía ha logrado una cierta fortaleza y diferenciación estratégica con la implantación de diferentes clústeres territoriales.

Tales son los casos, por ejemplo, de los ciclos formativos impartidos en el Puerto de Santa María, una de las localizaciones preferentes del sector aeroespacial andaluz, o de Écija, con una importante industria de la madera. Nuestros centros se esfuerzan no sólo por ofrecer una formación adaptada en sus contenidos y recursos tecnológicos a las necesidades reales de las empresas, sino también por incorporar iniciativas innovadoras que van más allá de la cualificación técnica del alumnado, como las relacionadas con las habilidades emprendedoras o con la ética profesional y la Agenda 2030, que se nos demandan cada vez más insistentemente por directivos y empresarios.

En definitiva, el éxito de la reforma de la FP en España, tan necesaria, dependerá en gran medida de su implantación a pie de campo. Y requerirá de una gran afinación territorial, para lo que será fundamental la colaboración público-privada a pequeña escala, entre administración, centros educativos públicos y privados y tejido empresarial.