¿Por qué la Justicia no está en los mítines?

Las necesidades de la Justicia, no son noticia. Lamentablemente, cuando la Justicia acapara la atención de los medios suele ser consecuencia de la politización de sus órganos de gobierno, pero nunca, por las necesidades reales que presenta una estructura encargada, nada más y nada menos, que de gestionar uno de los tres poderes del Estado.

La renovación del Tribunal Constitucional o la no renovación del CGPJ han servido para la pelea política, sin atender al desprestigio que supone poner en liza a instituciones tan vitales para una democracia. Más allá de la lucha partidista, los problemas que acucian a la Justicia son sistemáticamente ninguneados por los informativos.

Por todo lo anterior, la convocatoria electoral supone una nueva oportunidad para reivindicar todos esos espacios de mejora olvidados y que convierten a una Justicia en un gigante con pies de barro, sin la agilidad que siempre se reclama y que resulta clave en la administración de Justicia. Entre los deberes que se le podrían encomendar al futuro Gobierno estaría:

–Mayor inversión. Bastaría darse un paseo por cualquiera de los juzgados del país para comprobar el estado lamentable que presentan las instalaciones. Los montones de papeles apilados de cualquier manera suponen una imagen bochornosa de una institución que ha quedado atrás por falta de la inversión suficiente en la necesaria actualización tecnológica. Además, esta falta de inversión se traduce no solo en la falta de medios técnicos, sino también, en una acusada falta de medios humanos, lo que unido a las recientes reivindicaciones del personal adscrito, ha provocado el colapso actual del sistema, con cientos de miles de expedientes sufriendo dilaciones de meses e incluso años.

–Mayor innovación tecnológica. Resultante de lo anterior, es prioritaria que la inversión vaya dirigida a la transformación tecnológica que permita la agilidad que la ciudadanía solicita de la Justicia. Es necesario que muchos de los procesos puedan digitalizarse si queremos estar a la altura de las exigencias sociales. Sin embargo, las diferentes administraciones implicadas sólo se acuerdan cuando ocurre algún suceso grave que podría haberse evitado simplemente con haber tenido un sistema que permitiera compartir la información.

–Unificación de plataformas. Y quizás sería bueno también unificar criterios a la hora de establecer las plataformas sobre las que volcar los procesos de trabajo e información. El Estado de las Autonomías, que tan buenos resultados está dando en algunas cuestiones, supone un hándicap a la hora de establecer criterios unificados que permitan compartir maneras de trabajar iguales para todos, en todo el Estado. Lo contrario supone una multiplicación de trabajos y unas barreras que, en cierto modo, pueden provocar la indefensión de aquellos que no tengan opciones de acceder a los diferentes espacios judiciales.

–Falta de compromiso de las autonomías. Aunque existe un Ministerio de Justicia como institución paraguas, la verdadera responsabilidad recae en los gobiernos autonómicos. Las autonomías no pueden echar balones fuera y tienen que convertirse en responsables de sus competencias. De las consejerías de Justicia dependen en último término las inversiones que permitirán contar con espacios adecuados, con instalaciones propias del siglo XXI, con la tecnología adecuada y con todas esas facilidades físicas que permiten a los encargados de dispensar Justicia, dedicarse a lo que realmente importa, en las mejores condiciones posibles.

–Percepción del ciudadano hacia la justicia. Los aludidos problemas producen una profunda frustración en el ciudadano, que ve como los procesos se eternizan, no hemos sido capaces de mejorar la accesibilidad del ciudadano a la justicia a pesar de los avances tecnológicos, lo que unido a la utilización política y sensación de impunidad para determinados colectivos han deteriorado profundamente el prestigio de una institución indispensable para el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

El próximo 23 de julio tenemos una nueva oportunidad de exigir a nuestros gobernantes que la Justicia sea, de una vez por todas, una cuestión vital para la democracia. En caso contrario, podríamos pensar que, quizás, la actual situación no sea más que un olvido consentido por aquellos a los que le interesa una Justicia deficiente e incapaz de fiscalizar sus desmanes.