Medidas cortoplacistas o gran Pacto de Estado

En un año con un marcado carácter electoral, donde la ciudadanía ha tenido la oportunidad de elegir a las personas que van a dirigir nuestros destinos a nivel local, autonómico (con alguna excepción) y estatal; se convierte en una necesidad reflexionar sobre un asunto de especial importancia: el futuro de nuestro sistema de pensiones.

Esta realidad no es nueva. A principios de la década de los noventa, España sufrió una importante crisis económica y el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones crecía, como ahora, en intensidad. En ese momento, hubo un importante acuerdo de Estado plasmado en el denominado Pacto de Toledo, datado en 1995, donde existió un amplio consenso político en cuanto al diseño del futuro sistema.

En este contexto, se acordó que las pensiones contributivas debían financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales y las prestaciones no contributivas con impuestos. Se debía tender a una proporcionalidad entre lo que un trabajador aportaba –cotizaciones– y lo que debía recibir –pensión–. Además, se acordó reducir las cotizaciones cuando fuera posible para dinamizar el empleo, y la creación de un fondo de reserva conocido como hucha de las pensiones, cuyo objetivo era atenuar las fluctuaciones cíclicas.

La situación en la que nos encontramos, hoy en día, no es demasiado halagüeña. Nuestra pirámide de población está claramente invertida, la esperanza de vida en España es cada vez mayor, el fondo de reserva está prácticamente vacío debido al déficit experimentado en los últimos doce años y los estímulos fiscales al ahorro privado, actualmente, están penalizados o limitados en la doble variante: financiera y fiscal.

Ante una situación como la descrita, a nuestro juicio, hay dos formas de afrontar esta situación. La primera sería adoptar medidas con posibles efectos a corto y medio plazo, que quizás podrían solventar problemas inmediatos, pero que no resolverían los estructurales del sistema. A modo de ejemplo, se podrían analizar determinadas sugerencias, como las recientemente señaladas por el Círculo de Empresarios: la extensión de la edad de jubilación, el ensanchamiento de la base de cálculo de la prestación o, incluso, la reducción de la jornada laboral. De esta manera, existirían personas trabajando y, por tanto, cotizando a la Seguridad Social. Algunas de ellas coinciden con medidas ya adoptadas en el pasado.

Pero en este contexto, hay expertos que abogan por sistemas alternativos ya implantados en otros países de nuestro entorno.

Para ello disponemos de diversas variantes, entre ellas el modelo nocional o sueco, donde lo que cotiza cada trabajador se anota en una cuenta cuyo valor se actualiza en función de distintas variables y la pensión resultante es la división del saldo acumulado en cuenta durante la vida laboral entre la esperanza de vida que se estime en el momento de la jubilación. Hito que, por cierto, cada trabajador podrá elegir el momento adecuado (habrá empleados que decidirán jubilarse a los 63 años con una pensión mensual de mil euros y otros que decidan atrasar la edad de jubilación hasta los 72 años, para cobrar, por ejemplo, una prestación de dos mil quinientos euros al mes).

Otro ejemplo es el conocido como mochila austríaca, que es un modelo que sustituye a la indemnización por despido. Se trata de un fondo de capitalización individual que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, sea trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena. Las empresas que contraten al trabajador serán las que vayan ingresando un porcentaje del salario como provisiones ante posibles indemnizaciones y dichos importes serán gestionados por una entidad financiera, con el objetivo de obtener una rentabilidad adicional. Si llega el despido de ese trabajador, no recibe indemnización, sino que se lleva consigo el dinero de esa mochila y puede hacerlo efectivo o reservarlo para el futuro como complemento de su pensión.

Sea como fuere, parece evidente que necesitamos, como ciudadanos, que nuestros representantes políticos alcancen un gran Pacto de Estado en esta materia. Para ello, será necesario que tanto Gobierno como oposición tengan la suficiente visión para llegar a amplios consensos en esta materia y crear un buen sistema transitorio que no penalice a las personas que se encuentran disfrutando de su jubilación o a los que se encuentren “a las puertas” de la misma. Necesitamos un sistema sólido para las siguientes décadas. Reeditemos el Pacto de Toledo. Nos lo merecemos.