Sapos y cocodrilos en el Tribunal Constitucional

En los últimos días hemos oído hablar mucho de sapos y cocodrilos en las aguas del Tribunal Constitucional con ocasión de la elección de un tercio de la institución compuesta por doce miembros. La heterocrítica ha ido acompañada de la autocrítica de algunos protagonistas, a lo que no nos tienen acostumbrados. Políticos y diputados del PSOE y de UP se han pronunciado públicamente quejándose de que se ven obligados a tener que tragarse el nombramiento de dos candidatos al Tribunal Constitucional, algunos sapos y cocodrilos en palabras expresas de ellos. Hasta el mismísimo presidente del Gobierno ha dicho desde la tribuna del Parlamento que a él no le gustan algunos candidatos al Alto Tribunal, pero que un Gobierno tiene que velar por la renovación de las instituciones. Al final se consumó lo previsto y los cuatro candidatos han sido elegidos por el pleno del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la autocrítica en nada compensa el tremendo daño producido a la credibilidad del Tribunal Constitucional, porque la politización del órgano ha quedado claramente evidente. El escenario de la politización adquiere un significado singular por varias razones. Primera, la politización del órgano de justicia de nuestro país más relevante junto con el Tribunal Supremo. La politización del Tribunal Constitucional es extrema. Ocho de sus doce miembros son elegidos por el Parlamento; el máximo control in eligiendo del legislador sobre el órgano que tiene como misión vigilarle para que sus leyes se ajusten a la Constitución. Y, por si fuera poco, además dos de los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos directamente por el Gobierno ¿Cabe mayor ataque a la proclamada independencia judicial? ¿Cómo puedes tú controlar a quien debes el cargo y te ha elegido entre miles de colegas tuyos?

Segunda, la vinculación o connivencia partidista. La connivencia de dos de los cuatro candidatos con el PP ha sido puesta de manifiesto con pruebas decisivas. La pregunta es elemental: ¿acaso no hay entre los miles de jueces de España dos que estén libres de connivencias con los partidos políticos? Preguntas como éstas producen una constante e intensa desafección de los ciudadanos respecto a sus instituciones democráticas, como demuestran todas las encuestas de opinión. Y mayor desafección hacia un tribunal que tiene a su cargo resolver sobre el recurso de amparo de los ciudadanos por la violación de sus derechos y libertades (art. 161.1 b de la CE).

Tercera, el fracaso del previo escrutinio de los candidatos al Tribunal Constitucional por el Parlamento. Se ha echado por tierra las buenas intenciones de una reforma reglamentaria del Congreso que tenía por objeto el examen de la idoneidad de los candidatos a las altas instituciones del Estado. Se ha visto con plena claridad que lo que importa y se aplica es el sistema de cooptación por cuotas de los partidos políticos, atendiendo a criterios políticos y no profesionales.

Cuarta, la ausencia de libertad del representante en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Mal lo tenemos si nuestro representante, el diputado, que elige al Tribunal Constitucional, no tiene libertad para hacerlo. Si el Tribunal Constitucional es controlado por el legislador, también lo es el legislador por su partido político, que le exige a quién debe votar y cómo hacerlo. La representación política se apoya en una ficción, porque la Constitución y la jurisprudencia constitucional aseguran que nuestro representante está libre de mandato imperativo (art. 67.2 de la CE), pero la verdad es que actúa siguiendo las instrucciones de la dirección del partido, y si no lo hace acabará sancionado y habrá acabado su carrera política. En estos días oímos hablar constantemente de la disciplina de voto de los diputados. Caso extremo es la violencia que sufre el representante, cuando tiene que optar por la fidelidad a su partido frente a la fidelidad a sus electores, contraviniendo por imposición del partido el programa político por el que alcanzó el escaño.

En resumen, la politización extrema del Tribunal Constitucional se filtra por todos los poros indicados. Los hechos han demostrado que se ha producido una perversión del sentido y finalidad de los preceptos constitucionales, que exigen una mayoría cualificada para la elección de importantes cargos públicos.