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Cuando entre todos hemos conseguido hacer de España un peñascal con un alacrán escondido bajo cada piedra se hace difícil decir cuál es el mayor de sus problemas, ni cuando empezaron éstos. En realidad estamos asistiendo a la demolición de un sistema y, aunque ciertamente magro, ya sería un consuelo poder decir que se debe todo a la ambición de unos políticos enajenados. Desgraciadamente creo que a lo que estamos asistiendo es a una verdadera mutación en todos los aspectos de la vida social, cultural y moral, a una invasión de bárbaros en todo occidente tal y como la concibe Alessandro Baricco, como el propio Covid, que es ingrediente y a la vez metáfora del poder atrofiante de la catástrofe cuando ésta se dosifica y se instala en la rutina.
De estas catástrofes hay una sobre la que ya ha habido suficiente perspectiva para afrontarla y no se ha querido hacerlo por su carácter verdaderamente medular en la articulación de todo el sistema, junto al cual todos los demás problemas -y los hay enormes- son, de un modo u otro, epifenómenos. Nos referimos a la invasión de los bárbaros en los sectores de la Administración Pública implicados en la construcción de nuestras ciudades, nuestros hábitats, nuestras infraestructuras, la ordenación de nuestros territorios y su relación con los agentes privados que han de poner todo eso en pie. Es cierto que el modelo autonómico derivó -fomentándolo- hacia un estatuto funcionarial de tendencia parasitaria solo compensada por la homérica conciencia individual de un puñado de servidores públicos. Andalucía es la comunidad autónoma con más funcionarios (medio millón, que desde luego son demasiados) -pero resulta estéril reducir la ya tradicional ineficacia de su administración urbanística a una cuestión de absentismo, tanto como confiar su eficacia a la nueva ley del suelo -la Lista- por mucha ilusión que transmita su acrónimo.
Lo verdaderamente grave es haber creado una babélica pirámide normativa, difícilmente simplificable y reversible por su naturaleza política viciada de raíz. Montada la democracia partidista sobre una estructura clientelar, sumado a un redundante escalafón administrativo del que muchos comen (la brocheta que ensarta lo local, lo autonómico, lo estatal y lo europeo) y todo ello con la muy cínica argumentación de salvaguardar los más sutiles derechos cívicos, los boletines oficiales se han convertido en El Castillo de Kafka, ahora que estamos viviendo en la realidad las distopías literarias del siglo XX. Que ningún gremio, colectivo, profesión, sindicato, corporación o cofradía, amén de las compañías suministradoras de los servicios urbanísticos en régimen de monopolio, se quede sin su cuota de supervisión de expedientes, pero sin ningún control temporal en su obligación de expedirlos. La flaqueza política está pagando ahora las consecuencias de su falta de criterio y autoridad. El enjambre de normas no atiende al interés público sino a garantizarse una cucharada de poder en el puchero corporativo, y un golpe de timón es ya imposible cuando la estructura del Estado es un barco de amotinados. No esperemos mucha queja de las asociaciones de gremios implicados, empresarios, promotores, constructores, etc, que en la polarización maniquea de la vida pública han quedado situados en ese lado oscuro de la sociedad en el que la izquierda redentora les ha confinado: especuladores. Este sistema lleva mucho tiempo funcionando así y ya se le ha tomado la medida; mejor resistir -o irse a otra parte- porque ninguna empresa se juega el dinero de sus accionistas por un desahogo de su CEO, por muy desesperado que esté. El resultado de esta resignación es devastador, y si no, miren:
Una de esas empresas miríficas que revolotean por Málaga buscando un céntrico suelo terciario para ponernos en el mapa, (ahora que han descubierto que Andalucía puede ofrecer algo más que Turismo), incluía en un concursillo entre arquitectos la cláusula de "tener buenas relaciones con los políticos y el personal técnico de la Administración". Advertidos de que esa burrada se hiciera pública la retiraronenseguida. Pero me quedé con la duda: o desde Madrid nos veían como una periferia bananera en la que, a diferencia de la capital, las mordidas eran más baratas, o lo que tiene más sentido: que en urbanismo, ni aquí ni en ningún otro sitio de España funcionan procedimientos reglados por la seguridad jurídica, sino que el éxito de una Iniciativa empresarial depende de la paciencia infinita en saltar de mesa en mesa, de cargo en cargo, de norma en norma,…siempre que la inversión lo resista. Pero es imperdonable que si desde la realidad se nos ofrece la posibilidad de jugar ventajosamente en la liga de las ciudades globales, desde la burbuja administrativa se responda ofreciendo un tablero para el juego de la Oca.
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