'Voting by boots', votando con los pies

Hace años, iniciando mi carrera académica y aprovechando un congreso en Filadelfia, acudí a un seminario organizado por el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania, en el que un joven doctor exponía el articulo principal de su tesis y que llevaba por título Voting by Boots, que en una traducción libre se podría decir que significaba "votando con los pies". En dicho artículo se explicaba el proceso de toma de decisiones por parte de los ciudadanos americanos a la hora de elegir qué gobierno querían, que se basaba más en un movimiento real de desplazamiento entre estados, con cambio de residencia incluido, que en la elección de un partido u otro. El federalismo norteamericano, con mayor libertad en el terreno fiscal, sí que provoca realmente movimientos poblacionales entre estados.

Desde hace dos semanas, a partir del desayuno celebrado en Madrid en el seno del Foro Joly, en el que el presidente Moreno Bonilla presentó una reforma fiscal que implicaba una reducción de impuestos por un total de casi 400 millones de euros, se abrió el debate sobre la autonomía fiscal en España. Si acudimos a la cantidad que realmente se trasladará al bolsillo de los consumidores, no es más que un porcentaje ínfimo sobre el presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2023, que será cercano a los 45.000 millones de euros. Por lo tanto, ¿a qué se ha debido tanto revuelo? Es un impuesto marginal que no afectaba a más de 18.000 personas y prácticamente inexistente en Europa. Pero el fondo de la cuestión fue trasladar el mensaje de que se considerara Andalucía una región poco invasiva en términos fiscales y abierta a los inversores.

A partir de ahí la reacción en cadena ha sido desmesurada. Creo, sinceramente, que ni siquiera el gabinete del presidente andaluz tenía previsto este escenario de posicionamiento en el centro del tablero. Algunos presidentes de comunidades autónomas socialistas anunciaron rápidamente sus propias reformas fiscales, así como las del propio Partido Popular. Y en medio de esa histeria, el gobierno de España, que no quería oír ni hablar de rebajas de impuestos, activó una reducción de los mismos, aunque eso sí, con la creación de un nuevo impuesto, denominado de Solidaridad, para anular la eliminación de los Impuestos de Patrimonio como el caso andaluz.

Y esto sí que me parece realmente inaceptable. No puede improvisarse uno de los elementos de política económica más potente como es la fiscalidad y sacar de la chistera figuras impositivas. El presidente andaluz puso entredicho las tareas de los presidentes autonómicos y del propio presidente del gobierno de España ante una inacción casi absoluta, ante a una situación económica que nos está avocando a una recesión, corta, esperemos. Pero la inflación sigue cercana a los 10 puntos y el tipo de interés no frena su escalada.

Y frente a esto, el gobierno de España, el que realmente tiene la potestad fiscal para tomar decisiones fundamentales, porque no nos olvidemos que la competencia fiscal autonómica queda reducida a algunos impuestos especiales y a otros cedidos que prácticamente son ya inexistentes, no ha entrado en el problema más grave que nos vamos a encontrar los ciudadanos cuando empecemos a presentar nuestras declaraciones de la renta el próximo mes de mayo. Vamos a observar cómo pagamos más a Hacienda y nuestros salarios están, en términos reales, más bajos que el año pasado.

La ministra María Jesús Montero perdió la semana pasada una oportunidad de oro para posicionarse ella misma de nuevo en el centro del tablero, haciendo una reforma valiente y que se centrara en la anulación de la rémora fiscal que vamos a sufrir todos los contribuyentes. Si en lugar de maquillar los tres primeros tramos de renta, hasta los 21.000 euros, hubiera ampliado la reducción de tipos hasta los 60.000 euros, que es donde se concentra el 60% de la recaudación el Impuesto sobre la Renta y que es precisamente el tramo de las clases medias, hubiese hecho jaque mate. Pero eso hubiera sido demasiado bonito para que hubiese sido real. En época de crisis, como dice la teoría de Barro-Ricardo, las generaciones presentes pueden incurrir en cierto déficit público, con el compromiso de su anulación en el momento que la economía comience su expansión. Eso, o como titulaba este artículo, "votando con las botas"… nos vamos a otra comunidad autónoma… o a otro país…