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Las últimas décadas han demostrado que comportamientos positivos de la productividad y de la competitividad de la economía dependen del desarrollo tecnológico, de los avances relacionados con la inversión en I+D+i, de la transferencia de conocimientos, de la colaboración público-privada y de la formación de los trabajadores.
Estos factores son fundamentales para conseguir un progreso económico sostenible e inclusivo y en este escenario la universidad es un agente clave tanto en la transmisión de conocimientos como en el desarrollo de capacidades de los futuros trabajadores.
A pesar de un entorno poco propicio -niveles de gasto en I+D menores que la media de la UE o una insuficiente inversión en educación superior- en España la producción científica alcanza niveles muy aceptables. Así, entre 2013 y 2017, según SCImago, la producción científica española ascendió a 453.489 documentos, cifra que coloca a España como el 11º país por volumen de producción y representó el 3,39% del total mundial en el año 2017.
El destino principal de los resultados de esa producción científica, que en un 56% se genera en las universidades, son las publicaciones especializadas y no los procesos productivos o de gestión empresarial.
El tamaño medio de la empresa en nuestro país, en su gran mayoría pymes o micro pymes y poco intensivas en tecnología, es otro de los escollos que obstaculizan la transferencia entre el mundo universitario y el productivo.
Analizando la evolución de los instrumentos más usuales por los que se realiza la transferencia de la investigación universitaria -solicitudes de patentes, cesión de los derechos de propiedad intelectual a través de licencias o la creación de filiales o spin offs- nos da una idea de que la situación es mejorable.
Las solicitudes de patentes realizadas por Universidades en la Oficina Española de Patentes y Marcas fueron en 2018 un total de 327, con una caída del 25% respecto a 2017. Las licencias también se han reducido a lo largo de los años: en 2017 se registraron 352 licencias frente a las 364 de 2016 y las 414 de 2015. Y en cuanto a la creación de spin offs, en 2017 se constituyeron 93, la cifra más baja del periodo 2007-2017.
A raíz del análisis de este entorno, la Cámara de España, a través de su Comisión Universidad-Empresa, ha trabajado en la elaboración de propuestas legislativas destinadas a impulsar las políticas de transferencia. El informe, denominado Avanzando hacia la economía del conocimiento, recoge medidas que inciden en distintos ámbitos del proceso y abarcan desde la protección del conocimiento de universidades y centros de investigación, el fomento e incentivación de la transferencia mediante la participación de investigadores en empresas derivadas o spin-off o la creación de una plataforma estatal de difusión de las tecnologías generadas en centros públicos de investigación. Igualmente, el estudio sugiere el reconocimiento de la actividad de transferencia como promoción del personal universitario investigador.
Los beneficios de la cooperación entre la universidad y la empresa son evidentes, con consecuencias positivas para la economía y el bienestar colectivo. En este contexto, la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio está desarrollando una red de incubadoras en las que empresas, universidades, centros tecnológicos y otros agentes trabajan mano a mano.
Solo en Andalucía existen dos infraestructuras de este tipo: la incubadora de transferencia de tecnología aeronáutica y aeroespacial de Sevilla, y la incubadora de alta tecnología de Almería, que está aún en construcción. Especializada en Innovación Tecnológica y Gestión Sostenible del Agua, este proyecto nació gracias a un acuerdo entre Cajamar y la Fundación Incyde. Para los próximos años, La Fundación Incyde, tiene prevista una inversión en Andalucía de más de 7 millones de euros para extender este modelo que tantos éxitos está cosechando.
Nuestro país debe ser capaz de convertir la buena investigación que se produce en las Universidades en valor productivo, en desarrollo económico y social. Por ello, estoy convencido de que las propuestas de la Cámara de Comercio de España contribuirían a facilitar la necesaria transferencia de conocimiento entre el mundo universitario y el empresarial, de la cual se beneficiaría la sociedad en su conjunto.
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