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La tribuna
Ignacio F. Garmendia
Banda de cosacos
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Más allá de los problemas singulares que en el corto plazo generan preocupación, en los centros de reflexión del mundo occidental preocupa la dinámica a largo plazo de los países desarrollados sobre los que se ciernen diversos riesgos, entre los que destacan el estancamiento secular, el aumento de la desigualdad, la posible reducción de puestos de trabajo por la revolución tecnológica, el deterioro de la posición relativa de las capas medias, la percepción de la inmigración y otros efectos de la globalización. Todos estos fenómenos están propiciando la preocupación ante el futuro y el rechazo al establishment de amplias capas de la población en las que el populismo encuentra un terreno fértil en el que arraigar.
En este contexto, los partidos políticos tradicionales ofrecen pocas propuestas ilusionantes. Están concentrados en la gestión del presente y en la lucha por el poder, por lo que han dejado de ser los referentes sobre modelos de convivencia de futuro. Los partidos socialdemócratas sólo ofrecen la ampliación del Estado del Bienestar, aunque el aumento de la presión fiscal que exige constituye una restricción para la competitividad de los países. Por su parte, los partidos conservadores fían en el crecimiento económico el aumento del bienestar, del empleo y de otros objetivos sociales, sin reparar en las limitaciones institucionales para un crecimiento robusto y en las posibles externalidades negativas del crecimiento (desigualdad, efectos ambientales, desafección).
En este escenario es bienvenida la propuesta de nuevos objetivos y estrategias sociales del desarrollo inclusivo, que viene abriéndose paso como un concepto en construcción, y que con la reciente publicación The Inclusive Growth and Development Report del World Economic Forum (WEF) adquiere un soporte más operativo.
Con el adjetivo inclusivo se hace referencia a la capacidad de las instituciones para facilitar la participación de los ciudadanos en la vida económica, política y social. Frente a las instituciones inclusivas, las excluyentes son las que favorecen los intereses de un sector de la sociedad, que utiliza su posición de poder para consolidar sus privilegios respecto al resto de la sociedad. Las ventajas para una sociedad de las instituciones económicas inclusivas es que aprovechan la creatividad y el trabajo de más ciudadanos, con lo que aumenta la innovación, la competitividad y la producción de los países. Por su parte, cuanto más inclusivas sean las instituciones políticas más ciudadanos participarán en las tareas colectivas y mayor será la integración social.
El informe del WEF comprueba que el crecimiento económico y la inclusión social se alimentan entre sí, pero que en la mayoría de los países avanzados este ecosistema político e institucional se ha deteriorado en las dos últimas décadas al intensificarse las fuerzas propulsoras de la dispersión: el cambio tecnológico, la globalización, la desregulación interna y el aumento de la inmigración.
Para analizar los factores que soportan el desarrollo inclusivo construye un Índice de Desarrollo Inclusivo para 109 países basado en 140 indicadores estadísticos, resultando un ranking mundial en el que España ocupa la posición 26 entre 29 economías avanzadas. España destaca por encima de la media de estos países en recursos básicos e infraestructuras, y obtiene las peores puntuaciones en corrupción y concentración de rentas y en empleo y compensación laboral. También se encuentra por debajo de la media de los países avanzados en la canalización del ahorro a la inversión productiva, en la facilidad para hacer negocios y en educación y desarrollo de habilidades, mientras que está próximo a la media en transferencias fiscales.
Del análisis de los distintos países se deriva que no existe una combinación ideal de políticas para el desarrollo inclusivo, que existen experiencias nacionales de inclusión social que deben tenerse en consideración, y que el desarrollo inclusivo requiere un nuevo enfoque de las reformas estructurales que combine políticas convencionales que favorezcan la eficiencia y la estabilidad económicas, junto a otras políticas de oferta que favorezcan el protagonismo de las personas en su propio desenvolvimiento y en el de la sociedad. En esta línea se concentran las propuestas de los nuevos enfoques de la educación y el desarrollo de habilidades, o la creación de servicios básicos que favorezcan la igualdad de oportunidades y que sean estimulantes para el emprendimiento, sin olvidar el papel de la política fiscal para proteger a los más desfavorecidos, pero cuidando que no generen desincentivos al trabajo, el ahorro y la inversión.
En cualquier caso, el objetivo fundamental del informe del WEF es animar a que el desarrollo inclusivo pase de la especulación a formar parte del debate y de la agenda política.
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