La discriminación de la concertada

Un estudio realizado por don Horacio Molina y don Jesús Ramírez, dos doctores e investigadores de la Universidad Loyola Andalucía ha puesto números a una realidad que ya era bien conocida -y sufrida- por los centros educativos concertados. Para acabar con la histórica desigualdad económica con los centros públicos, la Administración tendría, para empezar, que subir 65 millones la partida de "otros gastos" que destina a los centros concertados. Esta partida incluye todo aquello que no son las nóminas de los profesores: personal no docente, gastos directos, gastos indirectos, gastos generales y en definitiva todo lo que cualquier centro necesita para abrir sus puertas cada día, además del profesorado.

Esos 65 millones, esclarece el estudio, significarían una subida de entre el 76% y el 90% de esta partida. Un crecimiento desmesurado, se objetará. Y, sí, probablemente lo sea para ejecutarse de una vez, pero se entiende mejor si se considera que esta partida fue establecida en 1986, ¡y no se actualiza desde entonces! Considere el lector no sólo cómo han subido los precios desde entonces, sino cómo han cambiado las necesidades. Hace 37 años, elementos esenciales hoy día como internet, aplicaciones informáticas o plataformas telemáticas de gestión no estaban encima de la mesa. Por lo que, aún sin considerar la inflación (209,8% desde 1986), el déficit de financiación resulta más que evidente.

El estudio, en el que han participado 77 centros educativos de toda Andalucía, determina que los gastos de funcionamiento en un centro concertado en la comunidad andaluza es de 11.667 euros en Infantil por aula, 11.819 euros en Primaria y 14.529 euros en Secundaria, generando esta desactualización un déficit para los centros educativos de 5.381 euros en el primer caso, 5.341 euros en el segundo y 6.206 euros en el tercero. Dicho de otra forma, cada centro concertado cuenta cada año con entre 5.000 y 6.000 euros menos por alumno que un centro público, debido a este déficit de la partida de gastos generales. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué esa discriminación, que no es para los centros, sino para las familias que los eligen y los hijos que estudian allí?

Importa saber también que esta partida económica no es igual en toda España. Comunidades como el País Vasco y Navarra, y actualmente Cataluña tras un acuerdo entre ERC y PSC, han hecho, hace años, este ajuste y con este aumento. Andalucía solo se pondría a su nivel. ¿Por qué vascos, navarros y ahora también catalanes pueden igualar la partida económica que sufraga los gastos de funcionamiento de los centros concertados con los centros de titularidad pública y Andalucía no?

Es difícil encontrar las razones más allá de esa retórica que ha impuesto en el inconsciente público la idea de que el derecho a la educación se garantiza con educación de titularidad pública, cuando en realidad sucede lo contrario: el derecho a la educación se garantiza cuando el presupuesto público se utiliza para permitir que educación pública y concertada convivan en igualdad de condiciones garantizando la libertad de elección de los padres sin agravios ni discriminaciones en caso de optar por la oferta concertada. Así lo contempla nuestra Constitución, que ampara en el artículo 27 el derecho a elegir de los padres, y así lo ha establecido también el Tribunal Supremo, al subrayar que el papel de la educación concertada no es subsidiario sino complementario para la realización del servicio público de la educación.

Tal es el modelo no solo establecido en España sino imperante en toda Europa. Los datos del Eurostat son esclarecedores: en España el 18% de la educación es concertada, en el Reino Unido el 53%, en Alemania lo son el 22%, en Francia el 16% y en Bélgica el 56%,. España no es, por tanto, una excepción. En lo único que resulta una excepción es en su infrafinanciación. Lo que es una verdadera y discriminatoria anomalía es que la educación concertada reciba el 22% del alumnado y el 16% del presupuesto.

¿Tienen menos derecho los hijos de la concertada a internet, al acceso a aplicaciones informáticas que serían muy relevantes para mejorar sus competencias digitales, tienen menos derecho a la luz, el agua, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones en las que estudian? Sería bueno que los políticos andaluces se hicieran esta pregunta sin rodeos, y si su respuesta es no, como estoy seguro de que será, obraran en consecuencia, aliviando el déficit de la concertada e iniciando la igualación progresiva de los recursos de una red y otra. El momento, en Andalucía, es ahora.