El futuro de la atención a las adiciones

Hace casi de dos meses, el nuevo Gobierno andaluz reestructuró las competencias de diferentes consejerías. Entre ellas, las de Salud y Familia, Consejería a la que ha atribuido los servicios de atención a las drogodependencias y adicciones. Estos servicios, a lo largo de más de 30 años, han estado vinculados al área de Políticas Sociales o al área de Salud dentro de la Junta de Andalucía, pero siempre han mantenido un mismo planteamiento que es esencial, y es el carácter multidisciplinar que requiere la atención a los usuarios.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, con sus declaraciones públicas, ha creado la ceremonia de la confusión. Primero afirmó que estos servicios deberían estar integrados en el Sistema Andaluz de Salud, y en concreto, en los equipos de Salud Mental. Después se rectificó a sí mismo y aseguró que los servicios se prestarían en Atención Primaria.

A estas alturas, no sabemos lo que quiere hacer el Gobierno andaluz con el servicio de atención a drogodependencias y otras adicciones. Resulta preocupante, cuando menos, que un consejero de Salud y Familia no tenga claro qué pretende hacer con un servicio que es fundamental para un colectivo que no solo necesita un tratamiento médico, y a veces ni eso, sino que precisa la atención de muchos profesionales para su efectiva rehabilitación.

Lo que importa no es que el servicio dependa de la Consejería de Salud o de Políticas Sociales, sino que se considere la adicción como un problema social, que es lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas, en las que los tratamientos y terapias han corrido a cargo de equipos multidisciplinares.

Y la realidad es que, pese a incluirse el servicio en la Consejería de Salud y Familia, la atención a las adicciones aún no se ha integrado de manera efectiva en el catálogo de servicios del Servicio Andaluz de Salud. No existe un compromiso del nuevo Gobierno de garantizar la atención a la drogodependencia. Y ese incierto futuro afecta a miles de personas con problemas de adicciones y a las administraciones y entidades colaboradoras.

Desde 1985, los diferentes Planes sobre Drogas que se han ido desarrollando en Andalucía han venido a dar respuestas a una compleja problemática que va más allá del sistema sanitario y requiere tratamiento psicológico, familiar, jurídico y educativo para favorecer nuevos hábitos y estilo de vida de las personas drogodependientes con el objeto de lograr su incorporación social.

El modelo de atención a las drogodependencias en Andalucía que hemos tenido, y que se recoge en el III Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones, está dando una respuesta adecuada, diversa, completa y cercana, en función de las diferentes situaciones de las personas, del tipo de adicción y de la necesidad de utilización de los diferentes recursos, centros y programas que se integran en dicho Plan.

Para ello, se cuenta con unas entidades fundamentales, que dependen de las diputaciones: los Centros Provinciales de Drogodependencias y Adicciones (CPD), que son el eje operativo para trabajar en materia de prevención, tratamiento e incorporación social.

Desde el punto de vista asistencial, los CPD actúan como centros especializados en la atención a las drogodependencias. Tienen el carácter de Centros de Tratamiento Ambulatorios (CTA) de primer nivel junto con la Atención Primaria de Salud y son la puerta de entrada a la Red Asistencial. Garantizan la importantísima continuidad de la cadena terapéutica, mediante la coordinación de los recursos existentes en su ámbito territorial y la derivación de los pacientes a otros Servicios y Programas especializados que se consideren adecuados y con los que se cuentan en este Plan.

La experiencia de más de 30 años en el trabajo de análisis, investigación y evaluación de la gestión de los programas de drogodependencias en Andalucía obliga a defender el papel que actualmente están desarrollando las diputaciones y la consideración de que las adicciones han de tener un tratamiento transversal, realizado desde la coordinación institucional.

Todo puede ser mejorable, pero cualquier decisión debe contar con todas las entidades y agentes que trabajan desde hace años en la atención a la drogodependencia y que son los mejores conocedores de las adicciones y su tratamiento. El traspaso de competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a la de Salud y Familia debe garantizar la continuidad de los profesionales, de los convenios con las diputaciones para mantener los centros provinciales de drogas, de los convenios con los ayuntamientos y, por supuesto, con las entidades sociales. De lo contrario, se estaría poniendo en riesgo la prestación de un servicio que necesitan miles de usuarios y los puestos de trabajo de los profesionales que prestan el servicio.

Urge, por tanto, que el nuevo Gobierno andaluz clarifique qué pretende hacer con el servicio de atención a la drogodependencia y que los responsables de la Consejería de Salud y Familia convoquen a los representantes de las diputaciones provinciales para abordar la situación de incertidumbre existente, que ya comienza a afectar al normal funcionamiento de los centros y programas de drogodependencias y a los miles de usuarios que necesitan de estos servicios.