El IRPF no es catalán

Ha declarado Marta Rovira, la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, que sería un gran paso adelante que Cataluña recaudase el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esa es una de las condiciones exigidas para apoyar que el socialista Illa sea elegido presidente de la Generalitat. La pretensión de la separatista se basa en una profunda falacia. El Estatuto de Autonomía catalán contempla la posibilidad de establecer un Consorcio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para recaudar los impuestos específicamente catalanes. Sin embargo, el IRPF no entra en esa categoría. Nadie lo paga por residir en Cataluña, sino porque, residiendo en esa región, sea español. Y lo mismo ocurre en Andalucía. Para pagar el IRPF, es indiferente la ciudad; lo único que cuenta es la nacionalidad española. Si el Consorcio catalán recaudase el IRPF, se rompería todavía más la igualdad entre los españoles y se deterioraría gravemente el papel de la AEAT. En el fondo, sería instaurar el polémico pacto fiscal catalán a la vasca, con el consiguiente decremento de las transferencias a las regiones menos adineradas, como Andalucía. En mi opinión, inaceptable. Si la dirigencia socialista transigiese con esa petición, que ya formuló Artur Mas a Rajoy, tendría difícil, por no decir imposible, explicarlo en las demás regiones.

Andan ahora preguntándose los socialistas andaluces por qué no remontan en las encuestas. Varios de los dirigentes albergan la esperanza de que, tras la sentencia del Tribunal sobre el caso de los ERE, las perspectivas de su partido mejoren. Pretenden hacer creer al electorado de que no hubo fraude, sino solo una campaña difamatoria montada por el PP; de paso, acusan a Susana Díaz de no haberse opuesto a esa maniobra. En mi opinión, esa táctica es errónea. No creo que le beneficie al PSOE de Andalucía que se siga hablando de los ERE. De todos modos, también creo que no es esa la causa principal de su posición transitoriamente subordinada. Más bien, se debe a la percepción de que los esfuerzos del presidente Sánchez se han dirigido prioritariamente hacia Cataluña y Vasconia. Los indultos, la reforma del Código Penal, la absorción de la deuda catalana y la amnistía han sido otros tantos pasos en ese sentido. Y, aunque digan que lo hacen para normalizar la situación política catalana, muchos creemos que no es así. Por el contrario, sabemos que no fue más que un trato para captar los votos de los diputados separatistas a favor de la investidura de Sánchez. Y no por ninguna intuición irracional, sino fundamentada en dos hechos conocidos: hasta el día de las elecciones, los propios líderes socialistas decían a coro que la amnistía era inconstitucional y el propio presidente Sánchez declaró que había que hacer virtud de la necesidad. Además, la situación en Cataluña se normalizó en el mismo momento que el presidente Puigdemont suspendió la declaración de independencia y se largó a Bélgica. La aplicación del articulo 155, con el apoyo del PSOE (excepto de Montilla, el dirigente del PSC), ratificó la normalización. Y las condenas judiciales a los separatistas sediciosos y malversadores la remacharon. Por eso, seguir haciéndoles concesiones, ahora explícitamente para investir al señor Illa, no puede sino perjudicar electoralmente a los socialistas en Andalucía. Porque, además, supone adoptar una línea política diametralmente opuesta a la que les permitió vencer. Recordemos el error de UCD al pedir el voto en contra de acelerar la autonomía andaluza (andaluz, este no es tu referéndum). Eso lo supieron aprovechar muy bien Escuredo y Borbolla: los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie… Pues bien, ahora ha declarado el señor Chaves que, como la mitad de los catalanes se sienten separatistas, hay que atender sus demandas. ¿Por qué no satisfacer mejor las demandas de la otra mitad de los catalanes y de la mayoría de los demás españoles, que no son separatistas? Por un sencillo motivo: porque sin los votos de los diputados separatistas Sánchez no presidiría el gobierno español, ni Illa podría presidir el de la Generalitat. Mientras ese siga siendo el pivote de la estrategia socialista, será difícil que remonten en Andalucía. Para colmo, ahora es el PP, liderado por el presidente Bonilla, el que anda diciendo lo que el PSOE decía hace varias décadas. En suma, resulta imposible enarbolar la bandera andalucista si se acepta depender de los separatistas catalanes para acceder a los gobiernos, que no para poder gobernar. Y eso luego cuenta a la hora de votar.