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En su primer artículo, nuestra Constitución reconoce que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y en su artículo segundo dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Hasta ahí ni el más imaginativo profesor de Derecho Constitucional podría interpretar nada distinto a que se nos está hablando de una única nación (España), un único pueblo (el español), una única soberanía (la española) y un territorio indivisible. Una de las consecuencias de esa concepción es que los principales impuestos, como el de la renta de las personas físicas (IRPF) y el del valor añadido (IVA), gravan a los contribuyentes en su condición de españoles. Los ciudadanos tienen la obligación de pagar el IRPF tanto si residen en Badalona como si residen en Algeciras. E incluso si el mismo ciudadano cambia su domicilio de Badalona a Algeciras seguirá teniendo que pagar el IVA y el IRPF. No hay, pues, impuestos catalanes, ni impuestos andaluces. Los citados son impuestos españoles y nada más que españoles. Lógicamente, los recauda la Agencia Española de Administración Tributaria y los administra el Gobierno español de acuerdo con la ley anual de presupuestos.
En los demás países europeos lo dicho hasta ahora se consideraría casi obvio. Desde luego, tanto las organizaciones políticas de izquierdas como las derechas así lo entenderían en Francia. De hecho, la coalición izquierdista que ganó las pasadas elecciones se llamaba Francia Insumisa, donde el sustantivo era Francia, el nombre de su nación. Y no lo ocultaron, ni lo disimularon.
El problema nace de que el propio artículo segundo de la Constitución añade que “se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Nadie discute que las regiones carecen de soberanía, pero más difícil ha sido dilucidar qué había que entender por nacionalidades. En mi opinión, ese curioso término no podía significar “naciones”, porque entraría en flagrante contradicción con el artículo primero y la primera parte del segundo. Siempre en mi opinión, solo podría significar “regiones bilingües”. De hecho, lo de nacionalidades se insertó pensando en Galicia, Vasconia y Cataluña, que efectivamente son regiones bilingües. Sin embargo, autores más doctos que un servidor opinaron que podía referirse a “naciones culturales”. En ese caso, también podría aplicarse a Andalucía, que nada tiene de bilingüe. Si el debate se hubiese detenido ahí no habría habido mayor problema. Habría una única nación, España, y una serie de regiones y naciones culturales, ninguna de ellas soberana. En ese esquema, el IRPF y el IVA seguirían siendo impuestos españoles, que no catalanes, ni andaluces.
Como es bien sabido, el debate no se detuvo ahí. Por el contrario, varias formaciones políticas con presencia en el Congreso de los Diputados interpretaron que “nacionalidades” significaba “naciones”, sin ningún calificativo. Y de ahí a entender que esas naciones eran soberanas había un pequeño paso que no dudaron en dar (si es que no lo habían dado desde un principio). En esa línea empezó a extenderse la idea de que España no era una nación, sino un Estado Plurinacional. Los partidarios del Estado Plurinacional menos coherentes parecían creer que sería factible mantenerlo unido y asegurar la solidaridad entre sus diversas naciones. Por el contrario, los más coherentes sabían que, si una nación es soberana, tiene derecho a autodeterminarse y eventualmente independizarse del Estado plurinacional del que formaba parte transitoriamente. Surgieron así dos tipos de plurinacionales: los ilusos, partidarios de mantener ilimitadamente la situación, y los realistas, partidarios de que las distintas naciones se independizasen o, al menos, sus gobiernos se limitasen a mantener relaciones bilaterales con el Gobierno español, significase eso lo que significase. Porque lo que nunca nos han dicho los ideólogos del Estado Plurinacional es cuántas naciones hay en el territorio español, ni, todavía más importante, qué habría entender por España en su esquema. ¿Acaso una de las naciones del Estado Plurinacional? En ese caso, ¿cuál sería su territorio?
La tesis del Estado Plurinacional conduce a aceptar que hay un IRPF catalán, otro andaluz y así sucesivamente. Y adquieren todo su sentido el cupo vasco, el navarro y el posible cupo catalán. En ese esquema se esfuma la soberanía del pueblo español, mientras que la solidaridad se reduce hasta devenir residual. Los españoles estamos abocados a elegir entre seguir viviendo en una única nación o distribuirnos en varias naciones diferentes, en cuyo caso podríamos irnos olvidando de la solidaridad y la justicia social. Es para mí un genuino misterio por qué varios partidos partidarios de la igualdad defienden el modelo plurinacional, que solo beneficiaría a las regiones donde abundasen los adinerados. Me parecería más lógico que defendiesen una España Insumisa.
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