Los trabajadores, expectantes ante la actuación de España con Arabia Saudí

Los trabajadores de Navantia ven con preocupación que España pudiera sumarse a la decisión de Alemania de suspender la venta de armas a Arabia Saudí en tanto se esclarece la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de este país en Estambul.

"No estamos exentos de otro sobresalto", ha señalado Jesús Peralta, presidente del comité de empresa del astillero de Navantia en San Fernando, donde está previsto empezar el próximo mes de enero la construcción de las cinco corbetas que Arabia Saudi ha encargado a los astilleros españoles, un contrato cifrado en 1.800 millones de euros y que, según las estimaciones, supondría crear 6.000 empleos directos e indirectos.

Peralta entiende que el Gobierno español "tiene claro" que este contrato debe "seguir adelante", sobre todo desde el pasado mes de septiembre, cuando la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí hizo temer que el reino del desierto suspendiera este encargo y los trabajadores salieron a la calle a defenderlo.

Los trabajadores del astillero de Navantia explican que Alemania "no es el principal exportador de armas a Arabia Saudí", pero, dado su peso político en Europa, puede hacer que su decisión de suspender la venta de armas a ese país árabe influya a otros países, como España.

"Digo lo mismo que dijimos entonces: si en algún momento el contrato peligra, los trabajadores responderán de inmediato, hay en juego muchos puestos de trabajo para la Bahía de Cádiz", subraya el presidente del comité de empresa.

Los trabajadores de Navantia están "recelosos de lo que pueda ocurrir".

"Entendemos que las violaciones de los derechos humanos no le gustan a nadie, pero nosotros vendemos barcos militares desde hace 300 años, es nuestro pan, lo que nos da de comer", añade.

"Más allá de la desgracia" del supuesto asesinato del periodista saudí, los trabajadores de Navantia creen que la suspensión de la venta de armas sólo podría hacerse con "un gran pacto a nivel europeo" que afectara a "todos los países que no respetaran los derechos humanos".

Y eso, después de que el Gobierno español "pusiera encima de la mesa carga de trabajo" para estos astilleros, el principal motor de empleo de Cádiz, la provincia española con mayor tasa de desempleo.