Costas solo salva a 'El Bartolo' en la playa de La Casería

San Fernando/Solo la cantina de El Titi-El Bartolo permanecerá en pie en la playa de La Casería, donde la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico proyecta a corto plazo eliminar todas las ocupaciones ilegales que se reparten por la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre para impulsar un proyecto de regeneración de esta franja del litoral isleño.

Las alegaciones presentadas por este popular establecimiento han sido estimadas parcialmente por la administración al contar con una concesión en regla para el ejercicio de su actividad concedida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y renovada en fechas recientes. Así, de hecho, lo había defendido el responsable del local, Reinaldo Muñoz, desde que se lanzaran los expedientes de desalojo en el pasado mes de noviembre.

El negocio -que se remonta a los años 30 del siglo pasado- podrá seguir abierto en su histórica ubicación junto a la orilla de la playa de La Casería. Aunque será el único.

La Demarcación de Costas ha desestimado el resto de alegaciones presentadas por los interesados y ha confirmado sus planes para desalojar la zona de ocupaciones, las que son históricas y las que no lo son tanto. No hay marcha atrás, al menos por ahora. Eso sí, algunos de los afectados se aferran a los recursos para intentar frenar las demoliciones de estas peculiares casetas.

Y están también los trámites iniciados por el Ayuntamiento de San Fernando para conseguir la declaración de interés general para la zona, que de conseguirse permitiría proteger y salvar al pintoresco conjunto. Claro que para ello precisa el visto bueno de la misma administración que promueve los expedientes: Costas. Y a tenor de la decidida marcha de los trámites no parece muy por labor.

El jefe de la Demarcación de Costas, Patricio Poullet, ha confirmado que el proceso sigue adelante. De hecho, el pasado 15 de enero dictó otras 10 resoluciones relativas a las ocupaciones de la playa de La Casería, que se suman a las 54 que se lanzaron también antes de Navidad. En ellas se insiste a los interesados en que "cesen en la indebida ocupación y restituyan los terrenos a su estado anterior" y se les advierte de que, en el caso de que su requerimiento no sea atendido, "la Administración llevará a cabo la ejecución subsidiaria a costa del obligado".

En total, Costas ha dictado hasta 64 resoluciones relativas a las ocupaciones de La Casería. Hay algunos interesados que han presentado un recurso de alzada contra ellas ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del plazo administrativo que tienen para ello, que es de un mes. Y desde luego no se descarta que en algunos casos el tema pueda terminar en los juzgados. No obstante, apunta Poullet, "las resoluciones son firmes y ejecutables". Es decir, que el hecho de recurrir no implica que se frenen el proceso y los desalojos previstos. Harían falta que se aprobaran medidas cautelares por el juzgado para ello. De hecho, aunque no hay fecha, ya se están dando pasos para la contratación de las demoliciones previstas.

Los planes de la Demarcación de Costas desataron en el pasado mes de noviembre una polémica sin precedentes en La Isla. En poco más de 24 horas se improvisó incluso una protesta contra el derribo de las casetas y de los locales de la playa de La Casería, se empezaron a recoger firmas y las redes sociales se inundaron demuestras de apoyo y de airadas reacciones en contra de la desaparición de este espacio apelando especialmente a su singularidad.

El Ayuntamiento de San Fernando reclamó sin resultado que se paralizara el proceso administrativo. Semanas después –y al margen del debate político que se suscitó en el ámbito municipal- consiguió que el pleno aprobara por unanimidad iniciar el proceso administrativo para conseguir la declaración de interés general para la playa de La Casería, una fórmula que garantizaría su conservación.