Apoyo unánime del Congreso a las ayudas por el terremoto de Lorca

El pleno del Congreso ha convalidado este jueves, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, el decreto de medidas urgentes y ayudas para paliar los daños del terremoto de Lorca.

Los partidos también han aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, solicitada por el PP y por Izquierda Unida.

Todos los partidos han dado así el visto bueno a este conjunto de actuaciones que incluyen indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad, ayudas para la reconstrucción de las viviendas y para el alquiler provisional, exenciones fiscales y del pago de la Seguridad Social o líneas de crédito, entre otras.

Al defender este decreto, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ha señalado que los daños provocados por el terremoto que azotó a la localidad murciana hace ahora quince días exigen, "desde el principio constitucional de solidaridad", la adopción de medidas para paliarlos.

Unas medidas que, en general, han valorado los portavoces de los grupos parlamentarios, así como la urgencia con la que se aprobó el decreto -dos días después del seísmo- aunque algunos de ellos han advertido de que a causa de esa celeridad la norma tiene algunas lagunas y se tiene que concretar más.

"Hemos hecho mucho pero sin duda queda muchísimo por hacer", ha admitido el ministro, quien ha insistido en la voluntad del Ejecutivo en seguir cooperando como hasta ahora con el resto de administraciones.

En este sentido, Rubalcaba y los portavoces también han coincidido en destacar la coordinación de las tres administraciones desde el mismo día en que se produjo el seísmo, "una excelente relación" en palabras del ministro que permitió asistir con eficacia a los vecinos de la localidad.

Todos los portavoces parlamentarios se han solidarizado con los vecinos de Lorca y han tenido un recuerdo para las víctimas -nueve muertos y trescientos heridos- y sus familiares, y han pedido que la Comisión Mixta formada por las tres administraciones agilice las ayudas y las numerosas actuaciones que quedan por hacer para reconstruir Lorca.

Plan contra el empleo sumergido

El PSOE ha sido el único grupo parlamentario que ha votado en el Congreso de los Diputados a favor de la convalidación del real decreto del Gobierno contra el empleo sumergido. La norma ha salido adelante con 167 votos a favor, 8 en contra (ERC-IU-ICV, BNG y UPyD) y 158 abstenciones.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha pedido a los partidos que voten a favor porque la actual coyuntura económica exige la regularización de esos trabajadores de forma "urgente" para recuperar la competitividad y la actividad económica.

En su opinión, su entrada en vigor servirá además para que se recuperen los niveles de protección de los trabajadores y es "inaplazable" para el equilibrio presupuestario, lo que permitirá un mejor crecimiento económico y la creación de empleo.

Según recordó Gómez, el real decreto tiene dos fases de actuación, de las que la primera dura hasta el 31 de julio y permite a los empresarios que, de forma voluntaria, regularicen a sus trabajadores irregulares con contratos que tengan una duración mínima de 6 meses.

La segunda fase comenzará el 1 de agosto y conllevará un fuerte incremento de las sanciones para los patronos que sigan teniendo plantillas en la economía sumergida.

El portavoz del PP José Ignacio Echániz acusó al ministro de sufrir una nueva enfermedad, el "decretismo", de la que dijo que su sintomatología se traduce en aprobar cada viernes un real decreto aunque no valga para nada, porque hay cinco millones de parados.

Desde CiU, su portavoz Carles Campuzano consideró que hacen falta medidas más audaces que ataquen la economía sumergida, si bien admitió que algunas de las que contiene el real decreto-ley son positivas.

Reforma de las pensiones

El Pleno del Congreso ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de la reforma de las pensiones que presentaron el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV y los partidos UPyD y BNG.

Las tres solicitudes de devolución del texto al Gobierno fueron rechazadas al recoger solo 7 votos a favor, frente a 175 en contra y 151 abstenciones.

El siguiente paso al que ahora se enfrenta la reforma del Gobierno es la presentación de enmiendas parciales al articulado, que finaliza el próximo 6 de junio.

En la defensa del proyecto de ley, Valeriano Gómez recordó que la reforma es fruto del consenso político y social (fue pactada con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT).

Además, destacó que es proporcional, porque persigue una mayor correlación entre el esfuerzo contributivo y la pensión a percibir; es gradual, su entrada en vigor comienza en 2013 y finaliza en 2027; y es equilibrada, debido a que reparte los esfuerzos entre generaciones.

Las principales novedades que citó de la reforma son que eleva a 67 años la edad legal de jubilación, aunque mantiene la posibilidad de hacerlo a los 65 con una carrera de cotización de 38 años y 6 meses; incrementa de 15 a 25 años los tenidos en cuenta para calcular la pensión y reconoce a los jóvenes sus cotizaciones como becarios y a las mujeres trabajadores el cuidado de sus hijos.