Atacar a docentes podría ser un delito de atentado

La Fiscalía, la Generalitat y el Ayuntamiento solicitaron ayer algo más de un año de prisión para los padres de un alumno de un colegio de Barcelona acusados de agredir a dos maestras y a la conserje, en el primer juicio por violencia contra docentes que se tramita como un delito de atentado, a solicitud, aceptada por el juez, del Ministerio Público y de la acusación municipal.

Tanto la fiscal como las otras dos acusaciones han defendido que las agresiones a docentes merecen un castigo mayor del que solían recibir hasta ahora -ya que eran consideradas una falta- ante la necesidad de "proteger" un servicio público y fundamental como es el de la educación.

Por su parte, los padres del niño, que acudía al colegio público Eduard Marquina, negaron cualquier agresión o amenaza e incluso haber faltado al respeto a las maestras, al tiempo que atribuyeron las acusaciones a un "complot" en su contra.

Tras escuchar la declaración de lo acusados, de las maestras y la conserje y de algunos testigos y peritos, la Fiscalía rebajó sólo en dos meses su petición inicial, que dejó en un año y cuatro meses, mientras que la abogada de la Generalitat solicitó un año y dos meses de prisión así como la prohibición de acercarse al centro escolar durante seis meses.

La abogada del Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación en nombre de la conserje, coincidió en su petición con la de la fiscal, que solicita también el pago de una multa de 540 euros y una indemnización de 5.500 para las dos maestras por las secuelas derivadas de la agresión. La letrada aseguró que el sistema educativo debe velar "por que se respete la autoridad" de las direcciones de los centros escolares, en especial en aquellos más conflictivos, y ha advertido que, en caso contrario, se corre el riesgo de que aparezcan "efectos reflejos".

La agresión de que fueron víctimas la directora, la jefa de estudios y una conserje de la escuela ocurrió el 11 de octubre de 2006. Ese día impidieron -haciendo frente a agarrones, insultos y amenazas- la entrada del hijo menor de los acusados, de 4 años, ya que los padres no habían abonado los cinco euros previstos para acceder al servicio de guardería previo al inicio de las clases, a pesar de requerírseles ese pago.