Galicia pide ante el Supremo indemnizaciones de más de 3.000 millones por el 'Prestige'

La Xunta ha formalizado ante el Tribunal Supremo el recurso de casación ante la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña en relación con el accidente del petrolero Prestige, emitida el pasado 13 de noviembre, y en la cual el capitán del buque siniestrado, Apostolos Mangouras, ha sido condenado a 9 meses de prisión por un delito de desobediencia. En concepto de indemnizaciones por diferentes conceptos, la Xunta reclama más de 3.000 millones de euros.

Aunque el plazo para anunciar los recursos ante el TS tras el fallo absolutorio por un delito medioambiental finalizaba el miércoles 21 de mayo, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Xunta ha dado a conocer el contenido de su recurso este sábado día 7 de junio.

Los servicios jurídicos de la Administración autonómica consideran que el responsable del barco en el momento del hundimiento incurrió en un "delito contra los recursos naturales y el medio ambiente", delito por "daños por imprudencia grave", y delito de "desobediencia a la Autoridad marítima española". En esta línea, la Xunta considera que Mangouras incurrió en "graves negligencias", como el sobrecalado del barco que presentaba, la maniobra de adrizamiento del barco después del accidente que "anuló toda alternativa de salvamento" y "empeoró gravemente la situación".

Además, según explica el Gobierno gallego en un comunicado, el recurso pone de manifiesto el "estado deficiente de dispositivos de seguridad" que presentaba el Prestige, lo que el Ejecutivo autonómico estima que son "graves desatenciones de las obligaciones básicas del capitán sobre el control de los elementos de seguridad del barco", tanto en su navegabilidad, como de los medios de respuesta frente a una avería o situación de emergencia.

Así las cosas, el Gobierno gallego señala que la sentencia de la Audiencia Provincial debe ser anulada por "infracción de derechos fundamentales y por infracción de la ley". Asimismo, reclama la aplicación del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1992, y del Convenio Internacional sobre constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos (Fidac) de 1992, en relación con la responsabilidad civil derivada de estos delitos.

Con estas premisas, la Xunta reclama 1,3 millones de euros por el coste estimado correspondiente al reciclado y eliminación de 10.000 toneladas de residuos de fuel mezclado con arena, agua, plásticos y otros elementos. También apunta que procede que el Tribunal Supremo reconozca una indemnización por los daños medioambientales a medio plazo producidos como consecuencia del accidente, por considerar "debidamente acreditados" tales daños. Los cuantifica en 2.433 millones de euros. El recurso planteado por la Xunta mantiene que deben ser declarados responsables civiles de los daños producidos, tanto el capitán del Prestige, como la compañía aseguradora, The London Steampship Owners Mutual Insurance Association LTD, y la naviera del buque, Universe Maritme, LTD, como responsable civil subsidiaria. Así, solicita la declaración de responsabilidad civil directa y solidaria para la compañía aseguradora hasta el límite cubierto por la póliza, de 1.000 millones de dólares.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña recibió el anuncio de recurso contra la sentencia por la catástrofe del 'Prestige' de un total de 17 partes. Entre ellas, al margen de la Xunta, está el capitán del buque, Apostolos Mangouras -condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave-; Nunca Máis y el Estado español y francés. Junto a ellos, están también la organización ecologista Arco Iris; la Fiscalía, el Consejo General de la Vendée, el Consejo General de la Bretaña y el jefe de máquinas del Prestige, Nikolaos Argyropoulos, juzgado por la catástrofe junto al capitán y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Además, figuran empresas y particulares.