El juez ve en los padres de Nadia indicios de exhibicionismo y explotación sexual

LA SEU D'URGELL (Lérida)/El titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d'Urgell ha abierto un nuevo procedimiento contra los padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, al ver indicios de presuntos delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual.

Según han informado este viernes fuentes judiciales, lo ha acordado después de las declaraciones en sede judicial de los progenitores por el contenido de unas fotografías incautadas a la familia de supuesto contenido sexual en las que aparece la menor desnuda.

En sus respectivas comparecencias este viernes -que han durado una hora en el caso del padre y media en el de la madre- los dos investigados han contestado a las preguntas del juez, el fiscal y el abogado de la defensa.

En esta nueva causa que ahora se inicia, Blanco y Garau tienen condición de investigados por estos delitos sexuales, y el juez enviará estas diligencias previas al decanato de La Seu para que sean repartidas entre los juzgados de instrucción de este partido judicial, que son dos.

El juez mantiene las medidas cautelares acordadas con anterioridad, con lo que el padre seguirá en prisión preventiva en la cárcel de Ponent y la madre en libertad con cargos.

Así, se mantiene la medida de retirada de la patria potestad a los padres, por lo que seguirá teniendo la custodia la tía materna de la menor, que vive en Mallorca, donde ahora reside también la niña.

Los padres de Nadia han defendido ante el magistrado que las fotografías de presunto contenido sexual "tienen carácter personal y natural, con el fin del control y seguimiento de la patología de la piel", ha afirmado su abogado, Alberto Martín, en declaraciones a los medios.

Según el abogado, que ha acompañado a Margarita Garau y a Fernando Blanco en su declaración ante el juez, los padres "nunca han llevado a cabo ningún acto en perjuicio de la menor ni en su presencia ni que ella haya podido ver".

Por otra parte, el juez ha aceptado que la Generalitat sea parte como acusación particular en el procedimiento que sigue en su juzgado por la presunta estafa por haber recaudado hasta casi un millón de euros para tratamientos para su hija que supuestamente no se realizaron.