Los cambios de la 'ley Wert'

Una ley sin consenso que ha suscitado numerosos frentes en la comunidad educativa. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se ha convertido en un argumento para la confrontación política, pero también para crear una fractura entre docentes, padres y administración pública por las notables discrepancias a la hora de abordar las reformas de calado que plantea la denominada ley Wert.

La primera de ella es la referida a las conocidas reválida, el primer frente de batalla desde que se dio a conocer la reforma. Las comunidades gobernadas por un signo político distinto al PP pusieron el grito en el cielo al considerar que estas evaluaciones finales suponen la vuelta a las pruebas implantadas durante la dictadura franquista. Aunque ya están previstas al final de la Primaria, en las enseñanzas medias adquieren un peso más significativo, pues condicionan la promoción del alumno y su futuro académico. En el segundo curso de Bachillerato sustituirán a la tradicional Selectividad, mientras que en cuarto de la ESO -según los expertos- pueden dejar a muchos estudiantes "en un callejón sin salida", pues aquéllos que la suspendan sólo recibirán una certificación oficial con validez para toda España, mientras que hace responsables a las comunidades de "las medidas de atención personalizada" para estos jóvenes.

Si a los que suspendan esta prueba al final de Bachillerato les queda la posibilidad de entrar en un grado superior de FP, los que no logren el aprobado al terminar la Secundaria no podrán acceder ni a un grado medio de FP ni al Bachillerato. "Un callejón sin salida" que ha activado la voz de alarma en muchos profesionales de la enseñanza y en las asociaciones de padres de alumnos.

Las reválidas no sólo condicionan el futuro académico del alumno, sino que en la práctica suponen un mayor control del Estado en la elaboración curricular de las asignaturas. A diferencia de la LOE -la anterior ley educativa aprobada en el Gobierno de Zapatero- la reforma introduce una serie de estándares de aprendizaje en las materias que conllevan una mayor concreción de los contenidos con el fin de que éstos se adapten a la referida prueba final. Este cambio crea una división en la comunidad educativa. Por un lado, hay quien aplaude que el Gobierno intente homologar la educación en todo el territorio español, donde existen 17 sistemas de enseñanza distintos en función de la comunidad en la que resida el estudiante, pues dichas competencias están traspasadas desde hace años a los gobiernos autonómicos. De esta forma, al final de las etapas educativas un joven de Sevilla y otro de Barcelona se examinarán de una misma prueba controlada por el Gobierno central.

En el lado opuesto se encuentran las comunidades que perciben en este intento una "intromisión estatal". También muchos profesionales consideran "excesiva" la configuración curricular en aras de la prueba final, lo que obvia los "logros" del alumno durante esos años de formación en función de su capacidad y diversidad.

Al margen de la reválida, la propia configuración de la ESO representa un cambio trascendental en el desarrollo formativo del alumno, que con 15 años tendrá ya que elegir un itinerario formativo. A partir de septiembre, cuando la Lomce entrará en vigor en los cursos impares de la ESO y el Bachillerato, la Secundaria estará organizada en dos ciclos distintos a los actuales. El primero abarcará primero, segundo y tercero. El segundo ciclo será el último curso, que tendrá -según recoge la propia ley- un carácter "propedéutico". Esto es, servirá de preparación a la siguiente etapa que elija el alumno: FP o Bachillerato. Quienes se decanten por la primera opción, recibirán enseñanzas aplicadas, mientras que los que lo hagan por la segunda cursarán enseñanzas académicas.

También cambia la clasificación de las asignaturas. En lugar de generales y optativas, habrá tres tipos: troncales, específicas y de libre configuración. En las del segundo grupo se incluyen la segunda lengua extranjera, tecnología o iniciación a la actividad emprendedora. En este apartado aparecen la Religión y su alternativa, Valores Éticos, que puntúan dentro del cómputo global de la etapa, pero no se incluyen en la evaluación final para conseguir el título. Dichas asignaturas desaparecen como obligatorias en el currículum del Bachillerato, lo que ha despertado numerosas quejas de diversos sindicatos y de la Iglesia.

Los programas de diversificación curricular (PDC), dirigidos a los alumnos con más dificultades y que suponen una solución anterior a la también polémica FP Básica, serán sustituidos por los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento. La principal novedad -más allá del cambio de nombre- es la posiblidad de que un alumno se acoja a ellos tras acabar el primer curso de la ESO (con 13 años) sin necesidad de completar el segundo, como hasta ahora.

A muchos pedagogos les resulta demasiado temprana la edad para configurar un itinerario formativo o decantarse para la FP Básica. No es la primera vez que desde el Gobierno se intenta adelantar la edad para esta elección y ofrecer al alumno con más dificultad una alternativa a la vía "convencional". Ya en 2011, en los últimos meses del Gobierno de Zapatero, el entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo, planteó modificar la LOE para que un estudiante con elevado nivel de fracaso se matriculara en los antiguos PCPI antes de acabar la Secundaria. Una reforma que se vio truncada con la salida del PSOE del Gobierno y que ahora se plasma en la Lomce, aunque de otra forma. Frente a los que estiman precipitado tomar esta decisión en la vida académica se posicionan algunos profesionales que desde hace tiempo no creen conveniente que se obligue a los jóvenes con evidente fracaso escolar a permanecer hasta los 16 años en la ESO, por lo que han de ofertárseles otras opciones encaminadas a una formación para su inmediata inserción laboral.