El impacto de la crisis sanitaria sobre la acuicultura española

La pandemia de enfermedad por coronavirus iniciada en 2019 (Covid-19) ha estado ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). El virus se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como pandemia global el 11 de marzo de 2020. Hasta el 18 de julio de 2020, se ha informado más de 14,2 millones de casos de la enfermedad y 602.000 muertes en 218 países. Y se sigue sin contar con medicación directa o vacuna disponible para combatir el SARS-CoV-2.

La Covid-19 ha tenido un efecto socioeconómico demoledor. La mayor parte de la población mundial ha estado confinada en sus hogares en un momento u otro y los desplazamientos de personas se ha reducido drásticamente. El turismo prácticamente ha desaparecido, quedando los sectores de hostelería y restauración sin actividad. Se han cerrado colegios y universidades. Sectores industriales completos y el transporte de mercancías han parado y solo recomenzado a reactivarse lentamente meses después.

Los sectores productores de alimentos, como la acuicultura, han sido considerados en España y otros países de la Unión Europea como esenciales y que no debían cesar su actividad, ya que alimentar a la población ha sido una de las principales prioridades políticas en las alturas de la crisis. Con ello, las granjas de acuicultura, junto con sus actividades auxiliares (alimentación, oxígeno líquido, etc.) han continuado su labor, aunque con las complicaciones impuestas por las medidas preventivas para la población en general. Las ventas de pescado fresco en España, así como en países similares como Italia o Francia han caído en promedio un 30%, principalmente debido al cierre total del turismo y de la restauración. Sin embargo, el pescado congelado y en conserva ha aumentado sus ventas, lo que significa que las personas han seguido queriendo comer alimentos altamente nutritivos como el pescado, pero dedicando menor tiempo al acto de compra además de mostrando dudas sobre la duración de los confinamientos. Ante este escenario las empresas de acuicultura han debido manejarse en una situación general de incertidumbre y continuos cambios en las normas de actuación dictadas por el gobierno, dificultando la adopción de decisiones.

Los efectos más directos han sido reducciones de ingresos por menores ventas e incrementos de costes para mantener las crecientes existencias de biomasa viva. Esta menor liquidez financiera ha empeorado por mayores costos operativos debido a restricciones en las condiciones de trabajo causadas por distancias obligatorias entre los trabajadores y otras medidas de seguridad. El mayor consumo de pienso ha sido un hecho a pesar de haberse reducido las tasas de alimentación para tratar de limitar el daño en caso de que la crisis durara mucho. Los criaderos (hatcheries) han reducido su actividad productora de juveniles de peces debido a la menor rotación de peces en las granjas de crianza que son sus clientes y por la respuesta conservadora de estos en un escenario de incertidumbre. Simultáneamente, se ha ido tensando un riesgo que acecha para el final de la crisis que es que tan pronto como los mercados se abran por completo, se cosechará el exceso de pescado y se trasladará a los mercados impulsados por la necesidad de las empresas de ingresar dinero. Esto provocará una fuerte caída en los precios que tardará muchos meses en recuperarse.

Ciertamente, la acuicultura no es el sector más afectado en esta crisis en comparación con el turismo u otros servicios, pero cuando se trata de suministrar alimentos a los mercados el caso de las actividades que trabajan con animales que deben ser mantenidos vivos es especialmente sensible. Para compensar los daños al sector de la acuicultura y de la pesca, la UE ha diseñado programas específicos de apoyo financiero a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Sin embargo, estas medidas de compensación aún no ha llegado a los acuicultores españoles en julio de 2020.

La crisis por la pandemia ha comenzado a imprimir algunos cambios sociales que deben reconocerse. Uno de ellos es que la reputación de los productores primarios ha mejorado. Quizás solo temporalmente, pero la sociedad ha vuelto a valorar la importancia de disponer de alimentos y de otros bienes de primera necesidad, así como el trabajo de las personas y empresas que los provén. Por otra parte, las cadenas de valor largas han expuesto sus debilidades. Las cadenas de valor deben ser más resistentes en su conjunto y depender más de los alimentos producidos localmente. La soberanía alimentaria ha adquirido una nueva perspectiva. También ha mejorado la calidad de la información a la que acceden los consumidores. La información errónea y los bulos sobre una amplia gama de problemas (incluida la seguridad y la salud de los alimentos) se han detenido por algún tiempo. La sociedad ha estado muy preocupada, y el valor percibido en las fuentes de información solventes ha aumentado. Finalmente, una lección importante que ha podido percibirse es el papel que pueden jugar las asociaciones de productores. Para las granjas de acuicultura, aisladas y ubicados en lugares remotos, severamente abrumadas por las circunstancias de la crisis de la Covid-19, sus asociaciones han sido el cordón umbilical y la fuente directa de información confiable sobre la situación en constante cambio del marco legal. Los gobiernos han estado produciendo un flujo diario de nuevas regulaciones legales y sus actualizaciones, que van desde los riesgos de transmisión del coronavirus a través de los alimentos, hasta las normas de transporte, las condiciones de trabajo, los requisitos en Equipos de Protección Individual (EPI) y dónde adquirirlos, etc. Las asociaciones de productores han jugado ese papel. Al mismo tiempo, estas asociaciones han recopilado de sus miembros y enviado a los gobiernos su situación y necesidades para ajustar mejor el nuevo marco legal.