La nueva ley de telecomunicaciones no incluirá finalmente tasas a operadores como WhatsApp

Madrid/La nueva Ley General de Telecomunicaciones no incluirá finalmente el pago de una tasa por parte de operadores de mensajería instantánea tipo WhatsApp porque podría suponer una extralimitación regulatoria y, por otra parte, mantiene la eliminación de las cabinas como servicio universal.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir el texto de esta ley a las Cortes Generales y la idea es que esté aprobada a mediados del próximo año, según fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Aunque en el anteproyecto de ley, que se sometió a audiencia pública el año pasado, se consideraba como novedad la obligatoriedad a los operadores de mensajería instantánea sin numeración de inscribirse en el registro de operadores y pagar una tasa de 1 euro por cada 1.000 de ingresos, finalmente esta obligación no se ha incluido.

Según las citadas fuentes, desde la Secretaría no se ha tratado este asunto con las hipotéticas empresas afectadas, es decir, Google, Facebook, etc.

Sin embargo, "varias instituciones" sí han apuntado que esta obligatoriedad no se debía de implantar porque podría suponer una extralimitación regulatoria y, por consiguiente, debilitar la propia ley.

Teniendo en cuenta además que la repercusión tributaria iba ser escasa o nula -son servicios gratuitos- se decidió no obligar a estas compañías a inscribirse en el registro de operadores, y por lo tanto, seguirán sin pagar esta tasa.

Esta ley, que fue sometida a audiencia pública el año pasado, transpone al ordenamiento jurídico español el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, e introduce novedades en la ley actual, que data de 2014.

Abono social

Esta normativa posibilitará la supresión de las cabinas telefónicas y las guías de teléfonos, teniendo en cuenta que las excluye del servicio universal obligatorio, y paralelamente incluirá mecanismos para garantizar la libertad de elección al usuario que podrá contratar el abono social al operador que desee.

Además, se obligará a garantizar un acceso asequible a servicios básicos tales como correo electrónico, herramientas básicas de formación y educación en línea, noticias, redes sociales, banca por internet, entre otros.

Localización para servicios de emergencia

La ley prevé la posibilidad de que el servicio de emergencias 112 pueda habilitar un sistema de alertas públicas y además que este servicio tenga acceso a la localización del dispositivo en la red en caso de alerta, con el fin de recabar una información más precisa de la ubicación del que llama.

El Gobierno ha elaborado para esto último dos reales decretos, que se quieren aprobar una vez que reciba luz verde la ley en el parlamento.

Derechos de los usuarios

El proyecto de ley refuerza los derechos de los usuarios españoles que se armonizan con el conjunto de la UE.

Entre otras medidas, se incluyen éstas:

• Se mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas en un resumen con carácter previo a la contratación.
• La duración máxima de los contratos será de 24 meses.
• Por primera vez, se regularán además los paquetes de servicios que representan la mayoría de las suscripciones de los hogares.
• En el ámbito de la portabilidad, el usuario tendrá capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador, conservar el saldo de la tarjeta prepago, mantener el número de teléfono hasta un mes después de la resolución del contrato y el reenvío gratuito de correo electrónico en caso de que sea rescindido el contrato.

Espectro 5G

El proyecto de ley intenta fomentar el despliegue de redes de alta capacidad, fibra óptica y 5G. Así, una de las novedades que incluye es el plazo mínimo de la duración de la concesión del espectro, que está fijado en 20 años (no establece máximo).

Hace unos meses, el Gobierno aprobó un real decreto que posibilitó prorrogar la concesión de espectro de la banda de 700 Mhz para el 5G de 20 a 40 años. De momento, no se ha determinado si esta prórroga hasta 40 años afectará a espectros ya adjudicados, como el de la banda de los 3,5 Ghz.

Esta ley se incluye dentro de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la modernización y digitalización de España y su tejido empresarial.