Gil Silgado niega estar citado por el Juzgado Mercantil

José María Gil Silgado, expresidente del Xerez CD, negó ayer estar en paradero desconocido y aseguró que son falsas las noticias que apuntan lo contrario, hasta el punto de que ha solicitado un certificado de residencia para acreditarlo así en caso de tener que emprender acciones legales.

Silgado, que fuese presidente del Deportivo desde marzo de 2002 -tras comprar el club a Luis Oliver- hasta el 23 de julio de 2004 -cuando vendió a Joaquín Morales-, asegura que se ha puesto en contacto con el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, donde le han confirmado que no está "citado en ningún asunto relacionado con el Xerez".

Es más, el empresario onubense afincado en Sevilla asegura que "en el momento que me llegue alguna demanda relacionada con el Xerez Deportivo lo primero que voy a hacer es reclamar los cuatro millones de euros que puse en el club. Ahí están los papeles y los resguardos de las transferencias y lo puedo demostrar", añadiendo que "si no se lo creen, que hagan una auditoría, que se auditen las cuentas de cuando estuve en el Xerez y lo verán".

Como se recordará, la Plataforma 'Salvemos al Xerez' emitió la pasada semana un comunicado pidiendo ayuda para intentar localizar a José María Gil Silgado y Antonio Fernández Monterrubio, a los que, según la nota de prensa, el juzgado no encontraba, lo que "está retrasando la resolución de la pieza de calificación del concurso de acreedores del Xerez CD, SAD".

Esto viene en relación al informe del Ministerio Fiscal, hecho público en febrero de este año y que señalaba que, una vez analizado el informe confeccionado por Antonio Del Puerto y Jesús Rodríguez -que declaran el concurso como culpable- solicita para Joaquín Morales, Antonio Fernández Monterrubio y José María Gil Silgado una indemnización total de 3.381.580,88 euros -cantidad que recalaría en las arcas azulinas- y entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad Xerez CD, S.A.D.

Así, se solicita indemnización solidaria para los responsables que aparecen en el ya mencionado informe del fiscal conocido en febrero de 2.061.402,75 euros por "los recargos, intereses y conceptos análogos de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria", correspondiendo 1.932.519,74 euros a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 128.883,01 euros a la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El informe destaca que "la responsabilidad de la insolvencia y del prejuicio añadido por la no presentación del concurso cuando legalmente era obligo, debe recaer en las personas que realmente tenían el poder decisorio, esto es Don José María Gil Silgado y Don Joaquín Morales Domínguez y D. Antonio Fernández Monterrubio, a través de las sociedades Castella Bussines, S.L.".

Se solicita, igualmente para Joaquín Morales y Antonio Fernández una indemnización de 1.181.046,09 euros, "derivados de la salida injustificada de bienes de la sociedad", y para José María Gil Silgado una indemnización de 139.132,04 euros por "liquidación de intereses no practicada".

También se piden ocho años de inhabilitación para "administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa" de la sociedad para Morales y Monterrubio, mientras que para José María Gil Silgado la solicitud de inhabilitación se fija en siete años.