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Bruselas expedienta de nuevo a España y amenaza con una multa por no proteger Doñana

La Comisión Europea considera que no se está cumpliendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 que obliga a tomar medidas

La CE ya advirtió a las autoridades ante el proyecto de legalización de regadíos que la Junta de Andalucía prevé seguir tramitando

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Bruselas expedienta de nuevo a España y amenaza con una multa por no proteger el humedal de Doñana / EP
Raquel Montenegro

15 de julio 2022 - 16:56

La Comisión Europea vuelve a amenazar con llevar a los tribunales la falta de protección del humedal de Doñana. La institución comunitaria ha comunicado este jueves la apertura de otro procedimiento de infracción por considerar que España está incumpliendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana y avisa de que si en el plazo de dos meses no demuestra que sí está ejecutándola estudiará elevar el caso de nuevo a la Justicia europea para reclamar una multa. Esta advertencia llega precisamente cuando el PP ha confirmado que uno de los primeros asuntos que se abordarán en el nuevo ciclo político que se abre en Andalucía será el proyecto de regularización de regadíos en el entorno de Doñana, contra el que se han pronunciado la Comisión y la Unesco.

En junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponía fin a un procedimiento iniciado en 2014 por la Comisión para reclamar a España que pusiera fin al deterioro de los hábitats naturales en la zona alrededor del Parque Nacional de Doñana "debido principalmente a la sobreexplotación de los acuíferos por las intensas labores de regadío y la demanda de las instalaciones turísticas". En su sentencia, el Tribunal confirmó que España "no había garantizado una gestión sostenible de las masas de agua subterránea que alimentan los humedales de Doñana, tal como exige la directiva marco sobre el agua", recuerda la Comisión. En concreto, la sentencia recogía que no se habían tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca. Además, España no adoptó las medidas adecuadas con arreglo a la Directiva sobre los hábitats (1992/43/CEE) para detener el deterioro posterior de los hábitats naturales protegidos en varios lugares Natura 2000 designados por las autoridades españolas en torno al parque nacional de Doñana y dentro de él.

Pero tras esa sentencia, los problemas detectados siguen sin ser solventados. Después intercambiar datos con las autoridades españolas y recopilar la información científica al respecto, la Comisión considera que las medidas que España ha aplicado para corregirlos "son insuficientes para poner fin a la infracción declarada por el Tribunal". Por consiguiente, envía una carta de emplazamiento reclamando al país que presente sus observaciones sobre las cuestiones señaladas por la Comisión. Si no demuestra que está en vías de cumplir la sentencia, la Comisión amenaza con remitir de nuevo el asunto al Tribunal "y solicitar que se impongan a España sanciones financieras".

En la comunicación formulada hoy la Comisión Europea no hace alusión una proposición de ley de regularización de regadíos en Doñana que llegó al Parlamento en la legislatura anterior, impulsado por el PP, Cs y Vox y ante el que el PSOE se abstuvo (ahora ha anunciado su negativa si se tramita con el mismo formato). Pero el pasado febrero, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooiker, en una carta a las autoridades consideró "cuanto menos desconcertante" que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno contemplara la adopción de medidas que "agravarían la situación y pondrían en grave riesgo" el cumplimiento de lo dictado por Luxemburgo, en alusión al proyecto para ampliar los regadíos.

Cuatro meses después, el Gobierno del PP, ahora con mayoría absoluta, ha expresado su intención de retomar la propuesta que abre la puerta a regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivo, dato que las organizaciones elevan a más de 1.900. El Ejecutivo tendrá que decidir cómo lleva adelante un proyecto de regularización amenazado de sanciones debido a su afección al acuífero de Doñana, ya en situación de explotación. Esta mañana, su portavoz parlamentario, Toni Martín aseguraba que "aún es pronto" para conocer los pormenores de la tramitación de este proyecto, pero sí destacaba la intención del Ejecutivo andaluz de que "queden garantizados los riegos con las aguas de los trasvases pendientes" y que "nos vamos a sentar con todo el mundo". El PSOE, por su parte, explicaba hace unos días que está de acuerdo con una reforma del Plan de la Corona Norte de Doñana, pero no con la forma en la que lo estaba planteando el PP.

La propuesta llega además en un momento de máxima preocupación por la situación del parque, agravada por la sequía. Hace solo unos días, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas alertaba de que el número de aves acuáticas que censadas en Doñana se ha quedado en una quinta parte en solo un año.

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