La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto comenzar este martes otro juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía en el que como acusados figuran dos ex alcaldes socialistas de Los Palacios, Emilio Amuedo y Antonio Maestre, además de la interventora municipal, por una ayuda de 750.000 euros que recibió el Ayuntamiento con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, para levantar un centro ecuestre que nunca llegó a existir. La Fiscalía atribuye a los tres acusados un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación y solicita para cada uno de ellos seis años de cárcel y quince de inhabilitación absoluta, así como que conjuntamente indemnicen a la Junta con 750.000 euros.

La causa también se dirigía contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; pero además de que este último falleció en 2020, todos ellos fueron excluidos de esta causa concreta al haber sido ya juzgados y condenados precisamente por el denominado como "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y carentes de publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Todos se benefician del principio non bis in ídem, que impide enjuiciar dos veces a una persona por el mismo hecho.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que Amuedo fue alcalde hasta marzo de 2004 y Maestre, desde junio de ese año hasta 2011. En 2003, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, y Amuedo firmaron un protocolo para que la Junta inyectase una "ayuda excepcional" de seis millones de euros al Ayuntamiento palaciego para la construcción de un centro ecuestre según un "plan de viabilidad" que "no consta" en ese protocolo.

Después, Guerrero firmó un convenio con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que pagase más de 901.000 euros al Ayuntamiento para el citado proyecto, con cargo a la partida 31L. Posteriormente, el Consistorio recibió "tres pagos por importe total de 750.000 euros": 50.000 en 2004, cuando Amuedo era aún el alcalde, y sendos abonos de 200.000 y 500.000 ya en 2005, con Maestre como primer edil.

"En la tramitación de la cantidad recibida se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" para las ayudas públicas, indica la Fiscalía, por lo que se trataría de cantidades "nulas de pleno derecho" al no responder a ninguna base reguladora, no cumplir los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad ni ser acreditado el carácter "excepcional" supuestamente esgrimido.

Fondos sin un destino final conocido

Amuedo y Maestre, como alcaldes, eran "plenamente conscientes de la falta de cumplimiento de la legalidad", según Anticorrupción, que incide en que Maestre, sin "intención en ningún momento" de dedicar los fondos al proyecto del centro ecuestre, dio al dinero público "destinos que no han resultado debidamente acreditados y que nada tienen que ver" con el protocolo de 2003.

Ahora bien, la tercera acusada, que entonces era interventora municipal, "no puso reparo alguno y permitió la utilización de los fondos públicos sin sujeción al procedimiento legal".