El Ayuntamiento de San Fernando exige al Consorcio de Transportes que ponga en uso el intercambiador de La Ardila

San Fernando/El Ayuntamiento de San Fernando exige al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía que asuma la gestión del intercambiador de La Ardila. La administración ha traslado en el consejo de administración celebrado el miércoles la necesidad de dar uso a estas instalaciones.

El gobierno municipal apunta a que el Plan de Transporte Metropolitano Bahía de Cádiz -en fase de elaboración por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Vivienda, y en el que se ha trabajado con la implicación de los distintos municipios- reconoce la importancia y necesidad de disponer de estas instalaciones básicas en San Fernando. Sin embargo, desde que se terminó su construcción permanecen cerradas.

Tanto el borrador como el documento estratégico del plan ponen el acento en la necesidad de incrementar los desplazamientos en transporte público colectivo frente a los vehículos privados motorizados para combatir el cambio climático, contribuir a la lucha contra la contaminación atmosférica y acústica o alcanzar una adecuada coordinación de las políticas de movilidad sostenible con las políticas energéticas, urbanísticas y de ordenación territorial.

"Es precisamente la línea en la que venimos trabajando desde el Ayuntamiento, con una decidida apuesta por el desarrollo y la movilidad sostenibles, de ahí la importancia estratégica del intercambiador", resalta el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que no entiende la reiterada negativa del Consorcio a asumir "de manera inmediata su gestión y, por lo tanto, su apertura al público tras construirlo en el lugar que consideraron más adecuado" por su punto de conexión con el tranvía y la cercanía con la estación de Renfe, la bolsa de aparcamientos para coches o la red de carril bici.

"Para avanzar en los objetivos comunes propuestos es necesario que esté en funcionamiento. Es inexplicable que no dé cumplimiento a lo reseñado en su propio plan", en el que se alude a la creación de intercambiadores o zonas intermodales, la mejora y mantenimiento de las paradas y estaciones de autobuses o el refuerzo de las frecuencias en líneas con alta ocupación de la red metropolitana, ampliando la oferta y el número de servicios, insiste.

El Ayuntamiento no puede asumir la gestión del intercambiador

El equipo de gobierno critica que la negativa del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía "obvia" que San Fernando es una de las ciudades más importantes de la provincia, con una ubicación estratégica en la potenciación del transporte de viajeros por carretera y clave para el desarrollo económico de la Bahía.

Junto a Chiclana, La Isla es el municipio de la Bahía que más vehículos motorizados de uso privado pone en circulación diariamente. "Para reducir este impacto medioambiental hay que mejorar los servicios" ofrecidos a las personas usuarias, defiende el gobierno. "Es de lógica pensar que si desde las distintas administraciones queremos fomentar el transporte público y reducir las emisiones de CO2 hay que generar las condiciones propicias para que la población cambie de dinámicas y hábitos, y no disponer de un intercambiador o una estación en la que poder sentarse y esperar con tranquilidad, resguardarse de la lluvia o el sol, comprar un billete en taquilla o ir al servicio no es precisamente una condición propicia", señala.

Rodríguez reconoce que el Ayuntamiento ha intentado asumir su apertura y mantenimiento "pero legalmente no es posible". "Los informes lo dictaminan así y señalan que las competencias son claras. Tan claras que la propia Junta de Andalucía lo reconoce en su plan, en el que indica que es el Consorcio" la entidad competente para gestionarlo y ponerlo en uso".

El Consorcio está integrado por los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando, la Diputación Provincial de Cádiz y la administración autonómica. La aportación del Ayuntamiento a la entidad pública se elevará un 15% en 2024.