Costas tramita ya el contrato para las demoliciones en la playa de La Casería

San Fernando/La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico tramita la contratación de los trabajos de demolición que prevé llevar a cabo próximamente en la playa de La Casería mientras se resuelven los últimos recursos de alzada contra los expedientes de desalojo que los afectados han presentado en las últimas semanas ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proceso administrativo iniciado a finales del pasado mes de octubre está ya en su recta final. Y la desaparición de las pintorescas casetas y otras ocupaciones que se reparten por esta franja del litoral –y que tanta polémica ha desatado en La Isla– parece cada vez más difícil de evitar ante el firme avance de los expedientes de recuperación posesoria emprendidos por Costas.

En la zona de la playa de La Casería, cabe recordar, solo se prevé que quede en pie el local de la cantina de El Titi-El Bartolo, que es su establecimiento más popular. El negocio cuenta con una concesión de Medio Ambiente para el ejercicio de su actividad, como precisamente sus propietarios argumentaron en la única alegación que fue estimada por la Demarcación de Costas durante la correspondiente fase de exposición pública.

El resto de expedientes –al final han sido más de 60– ha seguido su curso hasta agotar la vía administrativa con los recursos de alzada ante el Ministerio. Buena parte de ellos se han resuelto también ya, según ha explicado el jefe de la Demarcación de Costas en declaraciones realizadas a este periódico.

Los primeros en ser contestados –por cuestión de plazos– han sido todos aquellos que insistían en la suspensión del proceso, que se han descartado en todos los casos confirmándose una vez más los desalojos y la inminencia de las demoliciones.

Fue entre los pasados meses de diciembre y enero cuando la Demarcación de Costas dictó las resoluciones relativas a los expedientes de recuperación posesoria de la zona de dominio público que había lanzado a finales de octubre, una medida que nada más trascender públicamente desató numerosas muestras de rechazo. Incluso el Ayuntamiento isleño pidió sin resultado alguno la paralización del proceso, por lo que luego optó por iniciar los trámites para declarar la playa de La Casería como zona de interés general y así asegurar la protección del característico conjunto. La iniciativa municipal, sin embargo, choca con el principal inconveniente de que necesita el visto bueno de Costas, la misma administración que promueve los expedientes de desalojo.

Contra estas resoluciones de la Demarcación de Costas dictadas a finales y principios de año cabía para agotar la vía administrativa la interposición de recursos de alzada, que son los que ahora se están resolviendo. Y, evidentemente, resulta más que probable que algunos de los afectados decidan ahora recurrir a la vía judicial para intentar frenar los derribos.