El PSOE ha registrado ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, que inicia así su recorrido jurídico ante el tribunal de garantías.

El recurso, firmado por cincuenta senadores socialistas entre los que se incluyen los andaluces y encabezados por Juan Espadas, considera que el decreto-ley estrella del Gobierno de Juanma Moreno incumple el Estatuto de Autonomía para Andalucía además de "vulnerar la participación del pueblo" en la elaboración de una norma de tanto calado.

El decreto-ley de simplificación modifica 176 leyes, normas y reglamentos de la Junta de Andalucía y los socialistas consideran que se trata de un decreto-ómnibus y es "una muestra del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta" por parte del Gobierno andaluz.

Desde el PSOE andaluz entienden que hay motivos de sobra para que el Constitucional les dé la razón ya que es una "una chapuza desde el punto de vista jurídico" en palabras del portavoz adjunto de los socialistas. Así, en el recurso argumentan la falta de conexión o congruencia entre las razones esgrimidas para fundamentar la extraordinaria y urgente necesidad y las concretas medidas o cambios normativos que se contienen en el decreto-ley.

Asimismo, en el recurso se relacionan al menos ochenta artículos del mismo en los que se denuncia la inconstitucionalidad de modificar normas reglamentarias a través de un decreto ley "y, por tanto, deberían ser declarados nulos o inconstitucionales".

A pesar de estos reparos entre los socialistas andaluces, el Gobierno de Pedro Sánchez está negociando con el Gobierno andaluz en la comisión bilateral entre el Estado y la Junta la redacción de dos artículos que consideran que deben modificarse, mientras que aceptan el resto del decreto-ley andaluz.