El Banco de España y la OCDE han presentado en los últimos días informes que mejoran sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año, hasta el 1,9% del PIB en el primer caso y un 1,8% en el segundo, con una subida de tres décimas sobre las estimaciones que se manejaban hasta ahora. Esta fortaleza, que contrasta con la debilidad de las potencias hasta ahora más fuertes de la UE, no es exclusiva de España. Los principales centros de análisis económico del mundo resaltan en los últimos meses el vuelco que ha dado la situación en Europa: los que en la debacle financiera que siguió a la crisis de 2008 fueron llamados despectivamente los PIGS (por las iniciales en inglés de Portugal, Italia, Grecia y España) son ahora los países que presentan una economía más robusta frente a la caída de Alemania o Francia. Sin embargo, en España se aprecian factores internos que amenazan esta senda de crecimiento. Entre las luces rojas que enciende el Banco de España cobra especial relieve, tras los últimos acontecimientos políticos, la que se refiere al aumento de la incertidumbre que detectan las empresas y que puede repercutir en el proceso de toma de decisiones, sobre todo en lo que se refiere a inversiones. El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos, que finaliza su mandato el mes de junio, reclama “calidad institucional” para generar una confianza que es imprescindible para mantener el crecimiento y el empleo. Añade que la inestabilidad no sólo tiene efectos coyunturales, sino que sus consecuencias negativas se mantienen en el tiempo. Se trata de una advertencia especialmente oportuna. La política española está transmitiendo, tanto dentro del país como fuera de nuestras fronteras, una imagen de debilidad institucional muy peligrosa. La principal responsabilidad hay que buscarla en el Gobierno, pero en una democracia la oposición también juega un papel importante como garante de la calidad del sistema. En España, ni uno ni otra están a la altura de las circunstancias.