El Gobierno central y la Junta de Andalucía se sentarán para modificar uno de los artículos del magno decreto ley de simplificación administrativa convalidado el pasado mes de febrero en el Parlamento. Previamente a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, los ejecutivos del Estado disponen de la Comisión Mixta, un órgano en el que el Gobierno de España y las comunidades autónomas discuten acerca de las normas aprobadas en los parlamentos autonómicos. La Junta de Andalucía ha anunciado este martes que un artículo redactado por la Consejería de Fomento ha despertado las dudas del Gobierno, que convocará la reunión de la Comisión Mixta para solventar el conflicto entre las administraciones. De lo contrario, el Gobierno central está habilitado para recurrir el decreto al Tribunal Constitucional, que lo dejaría en suspenso de modo inmediato. 

El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado del conflicto entre las dos administraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Se trata, según ha referido el portavoz andaluz, a la posible inconstitucionalidad de una de las normas redactadas por la Consejería de Fomento en las que se establece la figura de la declaración responsable. Fernández-Pacheco ha asegurado que la Junta y el Gobierno central acordarán la modificación del artículo objeto de controversia, evitando el recurso de inconstitucionalidad. "Estamos dispuestos a sentarnos y arreglarlo", ha señalado el portavoz de la Junta.

Fernández-Pacheco ha traído a colación la próxima reunión de ambas administraciones en la Comisión Mixta después de criticar la interposición del recurso por parte de 50 senadores del PSOE anunciado por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, quien también dispone de un escaño en el Senado. "En opinión del Gobierno andaluz, ese recurso anunciado no es jurídico sino político. Es algo que ni siquiera lo ha planteado de tal modo el Ejecutivo, que sí ha puesto en duda la redacción un artículo de un texto legal de 700 páginas", ha dicho antes de confiar plenamente en "la constitucionalidad del decreto ley de simplificación administrativa.

La Cámara andaluza convalidó en febrero el cuarto decreto ley de simplificación administrativa desde que Juanma Moreno ha gobernado la Junta de Andalucía. Este decreto ley cambia de una vez 176 normas: 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. Para el Gobierno andaluz se trata de una “revolución normativa” que facilitará la actividad empresarial. La oposición parlamentaria criticó esta magna norma por incidir en un proceso de desregulación sobre el que está actuando el Gobierno andaluz del PP.