Minera los Frailes (MLF), titular de los derechos mineros adjudicados en el concurso internacional de Aznalcóllar, asegura que ha elevado la inversión global del proyecto a lo largo del proceso de tramitación en 100 millones de euros (de 350 a 450) para incluir una estación depuradora de última generación, que se une a la "promoción de una nueva red de infraestructuras para gestión hídrica del proyecto", asegura la empresa en una nota.

 "Con ello, resolverá definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales (los residuos) heredados de la antigua operación minera", asegura la firma.

“El entorno minero de Aznalcóllar engloba una serie de elementos mineros abandonados heredados de explotaciones anteriores, que han supuesto durante los últimos años un problema para la sociedad y para la Administración Pública, especialmente por la gestión del agua”, afirma en la nota  Miguel Ángel González, director de operaciones de Minera Los Frailes. El agua de lluvia se contamina actualmente al contacto con las casi 500 hectáreas de escombreras mineras, haciendo necesaria su depuración para su devolución al dominio público. “Esta realidad es un problema ambiental existente y muy poco conocido por la sociedad, que ha sido, es y será independiente a la existencia del propio Proyecto Minero de Los Frailes, que se diseña precisamente como la solución óptima para la resolución de este problema de forma sostenible”.

Frente a ello, Minera Los Frailes va a materializar “la solución real más completa y definitiva a todos los problemas ambientales existentes desde hace 26 años en el complejo minero abandonado”. Esta futura actividad de Minera Los Frailes en Aznalcóllar “es plenamente respetuosa y compatible con el mantenimiento de la calidad del agua del Guadalquivir, y no compromete ninguna de las actividades que se realizan en el entorno de su cauce, tal como ha quedado constatado en un proceso de tramitación ambiental largo y minucioso”. La futura operación cumple rigurosamente con la normativa europea de calidad ambiental de aguas superficiales, una de las más exigentes del mundo, y ha sido sometida a controles adicionales que refuerzan las garantías de un total respeto al medio ambiente, como ha ocurrido con el Informe de Admisibilidad exigido por la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía.

El desarrollo de esta parte del proyecto ha sido llevado a cabo conjuntamente por empresas andaluzas de primer nivel como Ayesa e Inerco, junto a otras líderes mundiales del sector.

El efluente íntegramente depurado con tecnología de última generación se trasladará mediante un emisario de 30 kilómetros hasta el Estuario del Guadalquivir que estará permanentemente monitorizado para asegurar la calidad del agua. Se ha diseñado un Plan de Vigilancia independiente a la empresa, en el que un laboratorio acreditado tomará diariamente muestras de la calidad del agua depurada y del medio receptor, reportando a la administración y confirmando continuamente y en tiempo real el cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental fijadas por Europa, que en estos momentos son las más exigentes del mundo. “El análisis diario del Plan de Vigilancia es una propuesta garantista que surge de la propia empresa, ya que la directiva europea establece una exigencia de un muestreo al mes”.

La empresa afirma que en 2013 el Parlamento Andaluz aprobó por unanimidad el concurso del Proyecto Aznalcóllar para que la gestión de los pasivos ambientales del entorno de Aznalcóllar, especialmente del agua, así como la restauración global del área, quedaran vinculados de forma inseparable al desarrollo y ejecución de un proyecto minero desarrollado con las mejores técnicas disponibles propias del siglo XXI. "Tras seis años de tramitación se ha analizado detalladamente por parte de las autoridades competentes todos los aspectos del proyecto, dando lugar a un perfeccionamiento sobre el planteamiento inicial y elevando la inversión (hasta los 450 millones de euros) para reforzar la seguridad. Ha sido un proceso transparente en el que la compañía ha respondido a todas las alegaciones planteadas por los diferentes actores que han participado en el proceso".

El proceso de tramitación desarrollado desde 2018" garantiza el cumplimiento de toda la Normativa Europea, Nacional y Autonómica vigente; en el que están participado técnicos cualificados de todas las administraciones implicadas: aguas, medio ambiente, minería, cultura, etc.; e incorpora mecanismos de control que garanticen en todo momento el cumplimiento de la normativa".