Hasta 160 casas ilegales se encuentran expedientadas en la pedanía vejeriega de El Palmar. Así se desprende de la información que posee la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.

Unas actuaciones que se enmarcan dentro del protocolo de intenciones en materia de disciplina urbanística suscrito el 1 de junio de 2019 por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación con los ayuntamientos de Barbate, Conil y Vejer, mediante el que se impulsaron líneas de cooperación y coordinación para atajar el problema ambiental, territorial y urbanístico provocado por la indisciplina urbanística.

Según ha explicado en SER La Janda, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, “en 2019 los ayuntamientos de Barbate, Vejer y Conil solicitaron ayuda a la Consejería ante la situación tan grave que veían en sus términos municipales”. En su opinión, “no es un problema de esta zona, lo es acuciante porque nuestra costa es una zona maravillosa que todo el mundo se quiere instalar en ella, somos un lugar de moda y eso tiene sus consecuencias positivas, pero también sus consecuencias negativas”.

Muchas de estas viviendas ilegales son empleadas para el alquiler vacacional

Según los datos con los que trabaja la Consejería de Fomento, son unas 160 las viviendas expedientadas por construcción ilegal en El Palmar desde 2019. Muchas de ellas fueron precintadas, saltándose esta instancia los propietarios de los terrenos, siguiendo con la construcción lo que hizo aumentar el proceso administrativo seguido hasta llegar a su derribo. Según ha explicado Carmen Sánchez, “muchas de esas viviendas han formado parte del alquiler en cualquier plataforma de las que se utilizan para alquilar una vivienda”.

Una situación que dista mucho de otras tantas viviendas que se encuentran en una situación irregular, ya que de esta manera se definen las viviendas que existen desde hace más de seis años, y sobre las que se tiene el objetivo recogido en la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) de regularizar su situación a través de planes especiales acordados con el Ayuntamiento de Vejer o entre los propios vecinos.

La delegada asegura que “nos encontramos ante la tesitura de que cuando se comete una ilegalidad la Administración tiene que comenzar un expediente y por supuesto terminarlo. No es lo más agradable o la mejor situación para la Administración, pero la verdad es que hay que hacerlo. Nosotros no criminalizamos a nadie, ni muchísimo menos, hacemos nuestro trabajo y lo hacemos no sólo en El Palmar, lo hacemos en todos los municipios de la provincia de Cádiz, en las que nos llegan denuncias. Los inspectores de la Junta de Andalucía no van y se pasean para ver, van a través de llamadas telefónicas de los propios vecinos que son los que denuncian estas construcciones, en muchos casos la Policía Local y la Guardia Civil. Nosotros actuamos a petición de un tercero”.     

Carmen Sánchez manifestó que “nos han acusado en algunas ocasiones de ir contra El Palmar, y no es así, ni muchísimo menos. Este problema que existe con las viviendas ilegales, no es un problema del Palmar, ni es un problema de la provincia de Cádiz, pero sí que es verdad que es acuciante en esta provincia, pero que es acuciante a nivel andaluz”.

Hay vecinos que optan por derribar antes de aumentar los costes del proceso judicial

La delegada de Fomento de la Junta asegura que a los vecinos afectados por expedientes de demolición se les da la oportunidad de devolver a su estado primigenio los terrenos sobre los que se ha construido ilegalmente, optando muchos por realizar esa tarea y evitar mayores costes al proceso.

Un control disciplinario que también están viviendo muchos vecinos de La Ribera de la Oliva, dentro del término municipal de Barbate. Casi un centenar de familias están reclamando estos días al Ayuntamiento una solución a su situación, dado el posible derribo de sus casas, ya que unas 70 de ellas fueron precintadas en diciembre de 2021 por la inspección de la Junta al estar edificadas sobre suelo rústico.

Según los datos aportados por los propios afectados, ya hay culminados cinco expedientes de derribo, teniendo uno de ellos fecha de ejecución. Esos mismos vecinos, aseguran que la Junta de Andalucía ha dado instrucciones al Consistorio barbateño para que no puedan empadronarse en esas viviendas. Ante esta situación los afectados solicitan a la administración local que constate que esa es su residencia habitual.

Este colectivo de vecinos, no paran de recibir notificaciones de la Fiscalía de Cádiz y del Juzgado, lo que agrava la situación que están viviendo desde que fueron expedientadas sus viviendas.

Otra opción que barajan es convertirlas en viviendas de uso turístico, una medida complicada al no reunir las condiciones necesarias para ese cometido.